La enmienda a la reforma constitucional para la recuperación del derecho civil valenciano cada vez tiene menos visos de prosperar. La propuesta parlamentaria para la reforma constitucional logró el apoyo de todos los grupos salvo Vox -en contra del autogobierno- en las Corts Valencianes en 2020, pero a medida que se acerca la votación definitiva, la que se desarrollará en el Congreso a partir de este martes, los apoyos se han ido diluyendo.
El domingo la asociación Juristes Valencians, impulsora de la reforma legislativa, reunió a representantes de PP, PSPV y Compromís, así como del partido comarcal Ens Uneix, en una manifestación cívica para reclamar la inclusión del derecho civil valenciano en la Constitución. El lunes, PP y PSPV dieron plantón a Compromís en la reunión de trabajo organizada para coordinar las acciones de recuperación de la capacidad legislativa en materia civil autonómica.
Los partidos que no acudieron al encuentro son aquellos que tienen la llave para incorporar a la Carta Magna el derecho foral, que sí tienen reconocido otras nacionalidades históricas como Galicia, Catalunya, Navarra o Aragón, tanto de signo conservador como progresista. La idea originaria, que ahora queda tan lejos, era aprovechar el cambio en la Constitución para retirar el término “disminuido” del artículo 49 y añadir a la disposición adicional segunda de la Carta Magna un párrafo que permita la recuperación del Derecho civil valenciano. En el encuentro organizado por Compromís, quien ha presentado la enmienda redactada por Juristes Valencians, ambos han vuelto a instar a las formaciones a votar a favor.
El plantón de los partidos, que por el momento rechazan aceptar la propuesta y prefieren limitarse a la reforma del artículo relativo a las personas con discapacidad, anticipa los peores presagios. Tanto los representantes del PP como los del PSPV, que se han comprometido en infinidad de ocasiones a impulsar la reforma legislativa, creen que la reforma del artículo 49 no es el método apropiado para esta reivindicación. La Diputación de Valencia, presidida por los populares, ha cancelado la declaración institucional que tenía prevista para este lunes sobre este tema. Los juristas, por contra, defienden que es una cuestión de economía procesal: ha costado años iniciar una reforma constitucional y la propuesta valenciana, que se presentó siguiendo todos los cauces, lleva cuatro años paralizada en el congreso.
“Votar en contra de esa enmienda que representa al conjunto del pueblo valenciano seria dar la espalda absolutamente a nuestro autogobierno”, ha insistido José Ramón Chirivella, presidente de la asociación. “Es un ataque frontal y una rendición. En ninguna otra comunidad autónoma se permitiría esto. PSOE y PP no han acudido a esta invitación legítima de Compromís y creo que es momento de ser conscientes del que nos estamos jugando y estar a la altura de las circunstancias”, ha criticado el jurista, que hace responsables a los dirigentes de ambos partidos en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón y Ximo Puig, de lo que suceda en el Congreso esta semana.
“Es muy grave que la voz de los valencianos esté ahora mismo cortada en el Congreso porque el PP y el PSOE, cuando llegan a Madrid, dejan de ser diputados y diputadas valencianos y pasan a serlo de Ferraz y de Génova”, ha denunciado Àgueda Micó, la diputada que presentará la enmienda a la reforma constitucional. Los valencianistas insisten en que se trata de una cuestión clave para el autogobierno valenciano, pero no tiene visos de prosperar.
El portavoz del PP ha escudado su negativa en que Compromís quiere “blanquear su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez o a la amnistía” convocando a todos los grupos parlamentarios a un acto sobre el derecho civil. Por parte del PSPV, han trasladado a los valencianistas que no es el momento. La asociación Juristes Valencians ha tratado de reunir a última hora de este lunes a las tres formaciones para llegar a un acuerdo.