Estos días asistimos a un espectáculo, cuyo protagonista, Carlos Fabra, anfitrión de la familia Aznar durante sus veraneos en Oropesa, Castellón, ha tenido tiempo de sobra para ensayar. Diez años, nueve jueces y cuatro fiscales, nada más y nada menos, para que se siente en el banquillo acusado de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal; tras haber desembolsado una fianza de más de tres millones de euros. A Fabra, al que durante varios años le salió a devolver la declaración de Hacienda.
Pero sus largos años de servicio público al frente de la Diputación y del Partido Popular en la provincia, le han dado muchas alegrías al artífice del aeropuerto, sin aviones, de Castellón; inaugurado hace más de dos años y por cuyas pistas sólo han circulado los coches de carreras que Fabra permitió, como presidente que era, hasta hace unos meses, de la empresa pública que gestiona las instalaciones, porque le dio la gana.
Es lo que ha hecho siempre: hacer y deshacer a su antojo, aquí y allá. En Castellón, en Valencia y en Madrid. Fabra ha alardeado en el juicio de haber estado en la Moncloa más de cincuenta veces por diversos motivos. Uno de ellos para cumplir con el deseo de enseñársela a su entonces amigo y socio, hoy acusador, Vicente Vilar. Faltaría más! Por eso mismo, su hija Andrea Fabra, la que grito “que se jodan” cuando se aprobó la reforma laboral, es diputada nacional, y su actual compañera sentimental, Esther Pallardó, vicepresidenta de la Diputación. El acusado ha vuelto a su puesto como Secretario General de la Cámara de Comercio de Castellón, de la que salió en su día para dedicarse al menester de la cosa pública siguiendo la estela de sus ancestros.
¿Estamos ante la alta política de derechas que pregona otro vocero valenciano, Esteban González Pons? Que no dice nada del caso Fabra, para el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel, ni del que afecta a un diputado de su partido, Rafael Blasco, para el que Anticorrupción solicita 14 años de prisión, y la propia Generalitat 11, por presunto fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsificación de documento público en la concesión de ayudas del Consell para cooperación internacional. De 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua, sólo llegaron 43.000 euros.
En vísperas de celebrar que #SomValencians como pretende el Gobierno Valenciano; calentando al personal con las señas de identidad, ¿las han perdido?, la escandalosa situación del ex conseller de Cooperación y exportavoz del PP, al que no han conseguido echar, porque el día de la votación, éste se acogió a la figura del diputado no adscrito, ofrece una lamentable imagen de la política valenciana. Al igual que el resto de los nueve imputados que todavía forman parte del parlamento valenciano, sin contar los que ya se han ido, y a los aforados del caso Nóos, Rita Barberá y Francisco Camps.
Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tira balones fuera como si no fuera con él lo que ocurre. Debe pensar que obviando los desmanes y la corrupción en el seno de su partido, los valencianos olvidarán que existe. “Nada de lo que nos quitó el sueño va a volver a repetirse porque ante todo somos gente responsable, seria, con mucho sentido común”, ha dicho en la reciente convención económica de su formación.
Sí, será por eso que nos hemos quedado sin entidades financieras propias y que la mayoría de sus responsables están imputados; que la deuda valenciana alcanzó en el segundo trimestre de este año los 29.235 millones de euros, 13'63 % más que hace un año, la más alta de España en función del PIB, 29,4%; que cada día se encuentran más facturas en los cajones; que no pagamos a los proveedores; y que nuestra tasa de paro, que sigue creciendo, es del 29,1%, con Castellón a la cabeza, con el 32,2%.
Celebremos que #SomValencians