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La Generalitat anunciaba este miércoles la próxima licitación de 555 viviendas protegidas a lo largo del territorio valenciano, unas actuaciones enmarcadas en el contexto del 'Plan Vive', anunciado el pasado mes de abril por el president Carlos Mazón y que preveía la construcción de 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027 por medio de la “movilización” de suelo público disponible y la “colaboración público-privada”. De estas 10.000 nuevas viviendas protegidas, 3.000 (las cinco primeras actuaciones) corresponden a proyectos heredados del Botànic y las otras 7.000 estarían ubicadas en solares de titularidad municipal.
La diputada socialista María José Salvador ha criticado que la Generalitat Valenciana, en manos del PP tras la marcha de Vox, “ha decidido construir viviendas para luego venderlas, y no para alquilar, por lo que se enfrenta a una más que hipotética pérdida de fondos europeos por cambiar el modelo social y apostar por el negocio, lo que va en contra de la convocatoria de ayudas comunitarias”. Con esta decisión, Salvador sostiene que el Consell de Carlos Mazón “se aparta de la defensa del interés general y de garantizar el derecho a la vivienda para los jóvenes, porque la venta es la opción más ventajosa para el promotor, pero totalmente perjudicial para las personas con dificultades para acceder a una vivienda”.
A su juicio, el Gobierno autonómico “vive ajeno a la realidad de una burbuja inmobiliaria que ha disparado los precios”, al tiempo que critica que no es capaz de poner soluciones a la poca oferta habitacional asequible para jóvenes y familias con pocos recursos. “Con todo esto se evidencia el fracaso del 'Plan Vive' de Mazón y se demuestra que su objetivo no es garantizar el acceso a la vivienda, sino impulsar el negocio, que es lo que siempre ha movido al PP en materia de vivienda”.
De igual forma, Salvador critica que se deje que “toda la responsabilidad” recaiga en el sector privado que, según detallaba, ha comenzado ya a dejar claro su “desinterés total” en esta iniciativa. “Esta misma semana hemos sabido que, por segunda vez, ninguna empresa constructora se ha interesado en el proyecto de acondicionamiento de 121 viviendas de alquiler asequible en el PAI Censal de Castelló de la Plana, un jarrón de agua fría, o baño de realidad, para un gobierno que debería haber previsto este fracaso anunciado”.
El “desastre” de la política de vivienda del Partido Popular se traduce, según la parlamentaria del PSPV, en que se apuesta por la compra-venta en lugar de por el alquiler social, lo que “perjudica a los ciudadanos y beneficia a los promotores”; este cambio en la oferta (venta por alquiler), “hace peligrar los fondos europeos, que estaban condicionados a la edificación de promociones de pisos en régimen de alquiler”; y provoca un aumento de los precios de hasta el 40%, “el módulo en algunas promociones pasa de los siete euros y medio a los diez euros y medio, lo que acerca mucho el precio de venta de vivienda protegida a los precios de la vivienda libre”. Al respecto, Salvador llama la atención sobre el hecho de que estos incrementos se han producido en localidades como València o Benidorm, “donde el mercado está más tensionado y existe una mayor presión inmobiliaria”.
La socialista insiste en que se está “pervirtiendo” el espíritu del plan de vivienda, al tiempo que critica que Mazón anunciara un nuevo reglamento para vivienda protegida en mayo del que todavía no se sabe nada, “porque los constructores consideran que el precio no es rentable”. Así, insiste en que Mazón recupera la vieja visión del Partido Popular, “pensar más en los promotores y constructores que en los jóvenes que tienen prácticamente imposible el acceso a una vivienda accesible; el PP ha cambiado radicalmente el paradigma y vuelve a plantear la vivienda, no como un derecho, sino como un negocio”.
María José Salvador censura que el 'Plan Vive' “no ha comenzado realmente, porque las únicas viviendas que han sacado son las que heredaron del Botànic”, así como que el Consell de Mazón no haya convocado todavía ninguna ayuda a la vivienda, como el plan de rehabilitación Renhata. “Este es el desastre de las políticas de vivienda pública de Mazón”, concluye la diputada autonómica.