Las denuncias por acoso inmobiliario son una constante en los colectivos de defensa del derecho a la vivienda. Los afectados narran como los grupos empresariales que compran edificios viejos para reformarlos envían escritos a los inquilinos advirtiendo de una subida del alquiler o de la no renovación, continúan con llamadas constantes y, a veces, emplean amenazas directas, cortes de suministro en la comunidad de vecinos o denuncias de desahucio como método intimidatorio.
En la Comunitat Valenciana hay más de 36.000 personas o empresas que poseen más de 10 viviendas, la mayoría de los cuales son “personas jurídicas que operan según las lógicas del libre mercado y con el básico objetivo de aumentar sus beneficios”. La concentración da pie a prácticas especulativas, al aumento de los precios del alquiler y a las trabas para acceder a una vivienda en condiciones para cada vez más colectivos. Con este diagnóstico, que figura en el preámbulo del último texto legal de la Conselleria de Vivienda, el Gobierno valenciano se ha propuesto poner coto a las malas prácticas de los grandes tenedores, especialmente los llamados fondos buitre.
El departamento que dirige Héctor Illueca, de Unides Podem, desarrolla un proyecto legislativo que regule la actividad de los propietarios de más de diez viviendas y sancione las prácticas de acoso. La norma, que acaba de finalizar el proceso de exposición pública, define el acoso inmobiliario como “la actuación con abuso de derecho que tiene el objetivo de perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil o humillante, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda”.
El anteproyecto de ley de Regulación de la Actividad de los Grandes Tenedores de Vivienda y del Acoso Inmobiliario establece sanciones de hasta 950.000 euros y la posibilidad de que la promotora denunciada no pueda contratar con la administración pública. Los grandes tenedores tendrán la obligación de ofrecer un alquiler social si se detecta la vulnerabilidad del inquilino y deberán comunicar a la Generalitat su intención de interponer una demanda para ejecutar un desahucio. Si estos propietarios mantienen vacía una vivienda más de dos años, deberán ceder su uso a la Administración pública en reconocimiento del “interés social”, si existe necesidad de vivienda pública.
La norma establece una serie de medidas para frenar la discriminación en el acceso a la vivienda por razones ideológicas, de género, de orientación e identidad sexual, religiosas, étnicas, por discapacidad o por enfermedad. También por razones de “aporofobia”. La ley apunta que puede existir una discriminación directa -una negativa verbal o escrita- o indirecta, que se da como “el establecimiento de condiciones de pago o garantía insólitas o poco habituales y que provoquen de hecho la imposibilidad de acceder a la vivienda de colectivos particularmente vulnerables”.
La medida se suma al impuesto para grandes tenedores pactado por PSPV, Compromís y Unides Podem en las Corts en los últimos presupuestos, y a los decretos que desarrollan la Ley de Función Social de la Vivienda, que presiona a los llamados “grandes tenedores” a sacar al mercado las viviendas vacías a precios asequibles. Estos tendrán la obligación de registrar sus propiedades en una web del Ejecutivo autonómico, que también dispone de portal inmobiliario. Esta semana, en base al citado decreto, la Generalitat ha declarado deshabitados 468 de los 500 inmuebles que hasta la fecha se han registrado y destinará 118 de ellos al alquiler, al adherirse al plan. Las 500 viviendas pertenecen a 20 propietarios en toda la comunidad autónoma.