El PP introdujo cambios en el decreto ley conocido como 'plan simplifica', promocionado como uno de los decretos estrella de Carlos Mazón, que encubren la precarización de servicios esenciales. El texto publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, aprobado por PP y Vox en las Corts Valencianes, modifica la ley de Servicios Sociales y el decreto que regula la prestación de servicios y abre la puerta a la privatización, según denuncia el sindicato UGT, gracias a varias enmiendas introducidas por el PP en el trámite parlamentario.
El sindicato denuncia que los cambios legales introducidos duplican la capacidad máxima permitida de las residencias de personas mayores, que pasa de 75 a 150 plazas para las nuevas residencias privadas, y rebajan la plantilla, reduciendo una tercera parte las ratios de personal que atienden a estas personas. La consecuencia, advierten, será una masificación de los centros y el deterioro de la calidad asistencial, lo que implica primar el negocio sobre la calidad en la atención a las personas mayores.
El decreto simplifica, que tiene rango de ley, y que en teoría servía para reducir la burocracia, elimina aspectos como que la gestión directa sea la forma de provisión preferente de los servicios sociales. Ello incluye los servicios de acogida y atención ante situaciones de necesidad social -atención y diagnóstico-; el servicio de promoción de la autonomía personal, el servicio de inclusión social, los servicios de infancia y adolescencia, los servicios de diversidad funcional o los de violencia de género. Es decir, lo que antes era de gestión directa por la administración pública será susceptible de privatización, como por ejemplo la valoración de la dependencia o la atención a víctimas de violencia de género, tanto mujeres como sus hijos.
El nuevo texto legal también permite que se privaticen los servicios de mantenimiento de las infraestructuras de servicios sociales. Lo hace modificando el apartado primero del artículo 92 de la ley, donde se introduce esta cuestión. El incremento de plazas en centros privados y el recorte de las ratios se facilitan modificando la disposición transitoria novena. Además, se elimina la obligación de que los contratos sean indefinidos y se ajusten los salarios a los convenios colectivos.
Los cambios en la ley de Servicios Sociales se introdujeron en el debate parlamentario, algo que no estaba previsto que sucediera, pues la intención del Consell era que se convalidara el decreto ley directamente en las Corts en primera votación. El texto se aprobó el 15 de julio, días después de la ruptura del PP con Vox, y no incluía estos aspectos. Son fruto de un grupo de enmiendas del PP que se presentaron el 10 de octubre, dos días después de la presentación de la ley de Acompañamiento. ¿Qué sucedió entre julio y octubre para que el PP quisiera modificar la ley de Servicios Sociales y abrirla a la privatización, algo que no había previsto en este trámite antes? El cambio de posición de Vox, que junto al resto de la oposición votó para que se debatiera como proyecto de ley, estiró el trámite parlamentario y lo abrió a la presentación de enmiendas. Las últimas enmiendas al 'plan simplifica' se aprobaron en comisión el pasado 29 de octubre, en plena alerta roja por la DANA, pactadas entre PP y Vox. El plan simplifica se aprobó definitivamente en las Corts Valencianes el pasado 28 de noviembre con los votos de PP y Vox.
La conselleria que dirige Susana Camarero ya modificó el decreto que regula la tipología y los centros de servicios sociales. Según defendió el pasado diciembre, el trámite tiene por objeto retrasar la puesta en marcha del decreto, tras las quejas del sector. El decreto de tipologías fue una de las medidas estrella de la Conselleria de Servicios Sociales cuando estaba en manos de Compromís, primero gestionada por Mónica Oltra y después por Aitana Mas. El sindicato UGT lo elogia como un texto que colocaba a la autonomía por encima de la media estatal en prestación de servicios.
El llamado 'plan simplifica', que es realmente un decreto ley, se promocionó como una forma de reducir la burocracia administrativa y facilitar el contacto entre la Administración y los ciudadanos. A efectos prácticos ha funcionado como una ley ómnibus en la que el PP ha colado decenas de cambios, desde la reducción de controles a grandes proyectos hasta permitir que se construyan hoteles a 200 metros de la costa o se utilicen animales en espectáculos circenses.