Que los políticos son objetivo de continuas denuncias, demandas y querellas es algo que no escapa a nadie, y un ejemplo de ello es el Partido Popular, con más de un centenar de imputados sólo en la Comunitat Valenciana por delitos relacionados con corrupción, algunos de ellos con penas firmes de prisión -como el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo; el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; o el exconseller Rafael Blasco (actualmente fuera del PP)-.
Desde el PP han encontrado una fórmula para combatir esta circunstancia, y es proponer que se cobre por la judiciliación de la políticas imponiendo tasas en vía penal para quienes presenten denuncias falsas con fines políticos, ya que “hay muchos ejemplos que siempre vienen de enfrente”, ya que el PP es “mucho más respetuoso” que la oposición en esta materia, según explica la coordinadora general del PP valenciano, Isabel Bonig, en una entrevista a la agencia EFE.
Así, Bonig ha reivindicado que se empiecen a exigir responsabilidades a quienes “utilizan las justicia con fines partidistas y políticos”, ya que denunciaba que “no puede ser que oposición, sindicatos y partidos de izquierda estén constantemente , continuamente, utilizando la justicia y los tribunales para atacar al PP y a las personas”, con unas denuncias y querellas que, “en su inmensa mayoría”, acaban siendo archivadas sin que “nadie pida perdón”.
Pacto político
La coordinadora general del PP de la Comunitat Valenciana se ha mostrado partidaria de pactar con otros partidos políticos el “momento concreto” en que alguien debe abandonar sus cargos de responsabilidad “para no dañar la institución y el sistema”, tal y como ha planteado el Partido Popular en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este sentido, Bonig también se ha referido a la 'línea roja' contra la corrupción del president Fabra, que pretendía “dar ejemplaridad” pero que “se ha tornado en un instrumento para atacar a las personas”. Y ha insistido en que las elecciones “se ganan en las urnas, no en los tribunales”.
De igual forma, la dirigente popular ha explicado que el PP valenciano ha sido “estricto” en la aplicación de esa 'línea roja', aunque ha insistido en que hay que “empezar a distinguir determinados supuestos”, ya que se ha mostrado partidaria de ser “muy contundentes” en cuestiones de “enriquecimiento personal”, al contrario que en cuestiones administrativas.
Sin embargo, ha criticado que oposición y sindicatos utilizan como “arma arrojadiza” una medida que no aplican “cuando les toca a ellos”, cuando la justicia “no está para hacer política”.
El PP, dañado por la corrupción
La dirigente popular ha reconocido que las causas de corrupción “evidentemente” que les han hecho daño“, pero que, no obstante, la corrupción ”no depende del color político“, sino que al final es una cuestión personal que ”está en todos los partidos e instituciones y ámbitos“, así como también defendía que los políticos ”no son más corruptos que otras personas“.
Bonig también ha insistido en que las propuestas de regeneración democrática de Rajoy o Fabra sirven para “desterrar” el “embuste” de que la izquierda es más democrática, transparente y participativa que el centro derecho, “mucha palabrería de democrácia y participación pero cuando se trata de tomar medidas y cortar privilegios, la izquierda dice que no”.