Componer un gabinete es siempre un quebradero de cabeza. Más aún cuando se hace en un gobierno de coalición, cuando esta fórmula es nueva y cuando hay que buscar el punto justo de distancia con el socio político. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha diseñado un Ejecutivo más austero que su predecesor, Ximo Puig, a priori sin hibridación entre PP y Vox y con una composición paritaria. Habrá nueve consellerias y Presidencia de la Generalitat, que tendrá un control transversal en cuestiones clave como fondos europeos y administración pública.
El PP, fuerza mayoritaria en las Corts Valencianes, asume también la mayor parte de las consellerias, del presupuesto y de las competencias en su Gobierno de coalición con la extrema derecha, que se queda los espacios más simbólicos. El PP gestionará gran parte del presupuesto en sus siete macrocarteras, Vox tendrá a su disposición la disputa de la batalla cultural con una vicepresidencia y otros dos departamentos, Agricultura y Justicia. Pese a que el partido de extrema derecha tendrá visibilidad en el Ejecutivo de coalición con la vicepresidencia primera, el PP se reserva las competencias más sensibles: lengua, agua, igualdad, administración pública... Aunque cede cultura, la policía adscrita a la Generalitat Valenciana y emergencias.
En el nuevo esquema de gobierno desaparece la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, cuyas competencias estarán asumidas en Presidencia de la Generalitat. Las dos vicepresidencias anteriores (Igualdad y Vivienda) se fusionan en una conselleria, que será la vicepresidencia segunda, a cargo del PP con Susana Camarero, que también llevará Servicios Sociales.
Agricultura, a cargo de Vox, se queda sin competencias en caza, gestión hídrica, medio ambiente y cambio climático, que pasan a una cartera propia, a cargo de Salomé Pradas (PP), que también gestionará la política de renovables, urbanismo y obras públicas. Toda la política territorial estará enmarcada en este departamento, anteriormente dividida. La conselleria que tendrá José Luis Aguirre (Vox) tendrá limitada su acción al sector primario: agricultura, ganadería, pesca, alimentación, política agraria común y regadíos. Es donde la ultraderecha ha tratado de hacerse fuerte, apelando al modo de vida rural como una cuestión identitaria, buscando el respaldo de los llamados perdedores de la globalización, pero ignorando los efectos del cambio climático sobre la tierra y los cultivos.
El decreto de estructura del nuevo Consell no hace mención a la memoria democrática ni a la violencia de género, aunque las políticas de igualdad, “mujer” y “familia” estarán en la vicepresidencia segunda. Mazón aparta así a Vox de una ámbito contra el que carga constantemente la formación de ultraderecha.
Una de las dudas radica en si en Justicia e Interior, que tiene a cargo las oficinas de protección a las víctimas del delito y espacios exclusivos para las denuncias de violencia de género, se mantendrá esta competencia con Vox. La nueva consellera, Elisa Núñez, estará a cargo de los uniformados: bajo su mando estarán la unidad de policía nacional adscrita a la Generalitat, prevención y extinción de incendios, emergencias y protección civil. Esta conselleria pierde las competencias en función pública, que se desgajan en Presidencia -con “simplificación administrativa”- y Hacienda.