La mayoría parlamentaria de PP y Vox aprueba en las Corts Valencianes que se permita construir hoteles a 200 metros de la costa. La medida, que quedó acordada en comisión el día de la DANA, el 29 de octubre, se ha ratificado este jueves en el pleno de las Corts Valencianes, un mes después de la riada, dentro de un decreto de simplificación administrativa. Ignorando toda referencia al cambio climático y cualquier reflexión para replantear el modelo urbanístico, los socios de gobierno -que siguen actuando en pareja pese a la ruptura estival- han aprobado la enésima reforma del corpus legal urbanístico.
La oposición les acusa de aprobar “el mayor atentado al territorio en décadas”, introduciéndolo en un decreto que pretende reducir la burocracia de la Administración y todos sus trámites. La enmienda modifica ligeramente la pretensión original del PP, que era permitir construir a 100 metros de la costa, según figuraba en el decreto que aprobó el pleno el 9 de julio, días antes de la salida de Vox del Gobierno valenciano. Debido a la ruptura, como forma de marcar posición, Vox forzó que se tramitara como proyecto de ley y pasara por una fase de enmiendas en las Corts Valencianes. La ultraderecha pidió que se mantuviera la protección vigente en la anterior legislatura -un mínimo de 500 metros sin obras-, y terminó cediendo finalmente a los términos del PP, dejando la limitación en 200 metros. Esta distancia es la que figuraba en otra ley, la de Costas, pero en el proyecto de ley se eliminó para dar paso a que lo pactaran las Corts directamente. Una forma de dar protagonismo a los exsocios de gobierno y simular una negociación.
El diputado de Compromís, Jesús Pla, censuró que la medida da “buena muestra de su irresponsabilidad y negligencia tanto a la hora de legislar como de gestionar”. “¿De verdad no se han planteado retirarlo después de la DANA?”, preguntó Pla durante el debate, anticipando las “consecuencias nefastas” de esta norma para la protección del territorio, así como para la “integridad patrimonial y física de los valencianos”. “La finalidad no es simplificar trámites y burocracia, esa simplemente es la excusa, la verdadera es allanar el camino a la especulación urbanística y la depredación del territorio”, denunció el valencianista. “Nos llevan al urbanismo de los 2000”, señaló.
El diputado del PSPV Ramón Abad recacló que la medida se aprobó el 29 de octubre, día de la DANA, y les reprochó “poner en riesgo a diputados de provincias y a los trabajadores” por “sus prisas” en pactar esa enmienda. El texto se transaccionó con la alerta roja meteorológica mientras algunos ríos ya habían desbordado. Esta es “la mayor miseria moral que se espera de los representantes públicos” y “el mayor atentado al territorio que se va a recordar en décadas”, denunció.
El PP encomendó la defensa del decreto a la alcaldesa de Benetússer, Laura Chuliá, una de las más afectadas por la DANA. Afeó a la oposición no estar “en la recuperación” y les ha acusado de centrarse “en la crispación, en sus congresos -en alusión al Congreso Federal del PSOE de este fin de semana- y en su momento” y defendió que la iniciativa de desburocratización tiene más sentido que nunca. El portavoz adjunto de Vox David Muñoz ha destacado las 18 enmiendas aprobadas de su grupo y las otras 18 transaccionadas. “Siempre hemos apostado por la simplificación de la maraña burocrática porque es el modo en el que la clase política se esconde y se corrompe”, dijo.
La medida es la enésima en la contrarreforma ambiental de PP y Vox desde el inicio de la legislatura. Se suma a la ley de Costas y las modificaciones del Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral), así como la reforma de la Ley de Ordenación Urbana (Lotup), que buscan, según el Ejecutivo, “simplificar trámites, eliminar cargas administrativas y superar incoherencias” y hacer compatible la protección ambiental con la construcción y los usos urbanísticos, un corpus legislativo que pone en riesgo el modelo territorial.