PP y Vox cambian la composición del Consell Rector para asegurarse el control de la televisión pública valenciana

El PP y Vox maniobran para hacerse con el control de la radiotelevisión pública valenciana. Los socios de gobierno han presentado en las Corts Valencianes varias enmiendas a la ley de acompañamiento a los presupuestos que cambian la composición del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), eliminan la mayoría reforzada necesaria para los órganos y rebajan el presupuesto del ente público.

El texto legal registrado incrementa de diez a once los consejeros del órgano público, el que rige el funcionamiento de la radiotelevisión. La enmienda, que previsiblemente saldrá aprobada con la mayoría de los conservadores y la ultraderecha en diciembre, prevé que se incorpore un representante elegido por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que desde las últimas elecciones preside el PP. Esto supondría que los conservadores contarán con un asiento más en el consejo que preside Miquel Francés, nombrado con la mayoría de PSPV, Compromís y Unides Podem en la pasada legislatura, con un mandato al que le quedan aún cinco años.

Las enmiendas a la ley de acompañamiento también incluyen en el consejo a un representante de los trabajadores en lugar de un representante sindical y prevén otras modificaciones en los organismos que proponen a consejeros. Si, como es previsible, el texto sale adelante en las Corts Valencianes, la derecha en coalición con la ultraderecha tendrá mayoría en el control de los órganos de la televisión. Siguiendo la redacción de la enmienda, la composición será: Cinco personas elegidas por las Corts Valencianes a propuesta de los grupos parlamentarios, una persona a propuesta del Consejo de la Ciudadanía, dos personas propuestas por el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, una persona propuesta por los trabajadores de la Corporación, una persona más elegida por las Corts para ocupar la Presidencia a propuesta del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana y una persona propuesta por la FVMP (Federación Valenciana de Municipios y Provincias) en representación de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

La composición actual del organismo es de un consejero propuesto por grupo parlamentario: José Martínez Sáez (Cs), Vicente Cutanda (PP), María Lozano (Podemos), Rosa Yagüe (Compromís), Marc Pallarés (PSPV); los profesores Lola Bañón y Javier Marzal por el Consell Audiovisual; Rosa Agost por el Consell de la Ciudadanía y Rafael Alborch por la representación de los trabajadores, además de Miquel Francés, presidente del ente público.

En las modificaciones legales pactadas por PP y Vox también se incluye a los representantes del municipalismo, de mayoría conservadora, en el Consejo de la Ciudadanía, que nombra a un miembro del Consell Rector. Este órgano de representación del tejido social se integra por 12 asociaciones (de consumidores, juventud, universidades, colectivo LGTBI...) y, con el cambio, también de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La enmienda cambia el sistema de elección, planteando que sea el organismo con más afiliados quien determine a su candidato, una cuestión que según denuncia el PSPV puede implicar la imposición de las entidades conservadoras.

A estos cambios se suman las renovaciones pendientes. El parlamento autonómico dejó sin hacer la pasada legislatura la renovación de dos miembros del órgano rector, que correspondía proponer a los grupos parlamentarios. Según lo acordado en la puesta en marcha de la televisión pública, son los consejeros propuestos por Podemos y Ciudadanos, las dos formaciones que han desaparecido del Parlamento tras las elecciones autonómicas del 28M, que arrojaron una mayoría de la derecha con la ultraderecha. La nueva composición del Parlamento valenciano lleva a pensar que lo lógico sería que los representantes respondieran a los partidos más votados (PP y PSPV), según argumentan estos, pero la derecha podría hacer valer su superioridad numérica para obtener uno más. La renovación sigue necesitando dos terceras partes de la Cámara en primera votación y tres quintas en segunda, que la derecha no tiene. En tercera votación basta con mayoría absoluta en el Pleno. Vox, de momento, no cuenta con representación en la televisión pública, aunque quizá el PP podría cederle un asiento a su socio de gobierno. La presidencia de la televisión también pasó de requerir mayorías cualificadas a mayoría absoluta en tercera votación por una modificación anterior, por lo que PP y Vox podrán escoger a su candidato cuando termine el mandato de Francés en tercera votación.

Otro de los cambios que abordan las enmiendas es eliminar las dietas del Consell del Audiovisual, que es el organismo que evalúa a los medios de comunicación y propone a su presidente. Asimismo, se ha eliminado de la redacción las incompatibilidades de los miembros del Consell Rector, algo que figura en el texto vigente.

PP y Vox también han pactado que el presupuesto de la corporación no supere el 0,3% del total autonómico, algo que el gobierno de izquierdas había señalado como un mínimo. El año pasado se hizo un esfuerzo por que la corporación llegara a esa financiación, algo que ahora salta por los aires. Es, de facto, un recorte, critica la socialista Mercedes Caballero. Tampoco se asume el IVA de la televisión, que Compromís y el PSPV sí que han reclamado, para evitar que quede en números rojos dado el cambio de criterio de la Agencia Tributaria.

Los grupos del gobierno también han decidido, a través de la ley de acompañamiento, que baste con una mayoría absoluta para aprobar el mandato marco, la norma que establece los objetivos generales y las líneas estratégicas en la prestación del servicio público.

La oposición ha cargado duramente contra las enmiendas planteadas, considerando que atacan la televisión pública que el PP cerró en su última legislatura en el poder. El PSPV advierte que “el PP ya ha dado los primeros pasos para reducir al mínimo la actividad de A Punt”, mientras Compromís cree que los socios “empiezan su asalto político” a la corporación. La diputada socialista Mercedes Caballero cree que el objetivo “no es otro que amordazar a los medios públicos, ahogarlos económicamente y, al final, cerrarlos”, advierte.

“No es la primera que lo hacen, ahí tenemos un precedente muy peligroso de todo lo que ya hizo el PP con la antigua RTVV, y ahora vemos como Mazón y la extrema derecha dan los primeros pasos para empezar a hacer lo mismo en À Punt: ir reduciendo al mínimo su actividad y capacidad de actuación”, manifiesta la representante del PSPV.

En la misma línea, el síndic de Compromís advierte, al permitir que los miembros del Consell Rector se elijan por mayoría absoluta en lugar de tres quintos de las Corts, PP y Vox pueden “imponer todos los miembros del máximo órgano de los medios públicos”.“Se demuestra que estamos ante el peor Partido Popular: el que aplica la hoja de ruta de Zaplana y Camps para convertir los medios públicos en su chiringuito particular. Desgraciadamente, volvemos a los peores tiempos de Canal 9 donde el gobierno busca controlar, por la puerta de atrás, la televisión y radio públicas. Ya sabemos cómo acabó esa aventura con Canal 9: con medios convertidos en instrumentos de propaganda, una deuda multimillonaria y finalmente con el cierre de nuestra tele”.