El Gobierno valenciano del PP y Vox sigue adelante con su objetivo de rebajar impuestos a las rentas más altas, empezando por las herencias. El pleno de las Corts Valencianes da luz verde este jueves al proyecto de ley que rebaja el impuesto de sucesiones y donaciones, con una bonificación del 99% para los familiares de primer grado. Pese a las enmiendas a la totalidad de la oposición, la mayoría de los conservadores con la ultraderecha permite que la reforma fiscal, que implica una merma notable de ingresos para las arcas públicas, avance.
El Ejecutivo autonómico ha propuesto la vía de urgencia para tramitar la rebaja, que tendrá carácter retroactivo a efectos del 28 de mayo, el día de las elecciones autonómicas. La elección de la fecha tiene carácter simbólico: es la celebración de la victoria electoral de Carlos Mazón, como reconocen desde el PP. Esta fue la primera medida adoptada en el Ejecutivo valenciano de PP y Vox.
Los populares lo han llamado durante toda la campaña “el impuesto a la muerte”, apelando al componente emocional que conlleva un deceso, tildándolo de inhumano. Lo han enmarcan en “el infierno fiscal”, que a su juicio impera en la autonomía desde hace ocho años, con la reforma fiscal del PSPV, Compromís y Unides Podem cuando la izquierda llegó al gobierno autonómico, pese a que la bonificación para estos casos estaba en el 75% del tributo.
Según el Ejecutivo de PP y Vox, el impuesto, que pagan menos de 20.000 personas en la Comunitat Valenciana, uno de cada diez herederos, causa un grave perjuicio económico y dificulta el ahorro y la inversión. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha asegurado este jueves que la rebaja del tributo “deshumanizado” beneficiará a cerca de 15.000 personas en el caso de sucesiones y a otras 3.000 en donaciones, atendiendo a los datos de 2022, muy similares a los de ejercicios anteriores.
Hasta la fecha, el impuesto lo han abonado menos del 12% de las personas que han heredado, y solo el 3% de ellos ha pagado más de 5.000 euros, dadas las bonificaciones fiscales, que ya incluyen desgravaciones de 100.000 euros por hijo y restan de la cuota el 75% del valor para los parientes directos.
El bipartito del PP y Vox defiende que el impacto es de apenas un 1% en el presupuesto global, aunque la Agencia Tributaria Valenciana indica que es el 27% de la recaudación por la vía impositiva. La comunidad autónoma peor financiada del Estado, con un déficit anual de 1.300 millones de euros, renunciará a una recaudación notable, que aún está por determinar. El impacto de la medida aún baila: el gobierno valenciano lo cifra en entre 230 y 160 millones de euros, atendiendo a la recaudación que implica en exclusiva a los grupos 1 y 2, los afectados por la rebaja, mientras que la oposición eleva la cifra a los 350 millones de euros.
En septiembre de 2023, según el visor presupuestario de la Generalitat Valenciana, las arcas públicas han recaudado 231 millones de euros por el impuesto de sucesiones y 15 millones a través del de donaciones, cifra que se debería incrementar por los derechos reconocidos -que aún no se han ingresado-. La previsión para el presente ejercicio, realizada por la anterior Conselleria de Hacienda, del PSPV, antes de que el PP modificara la ley, es de recaudar 352,9 millones de euros por el impuesto de sucesiones y 39,2 en el impuesto de donaciones. Es, según las cifras de la Agencia Tributaria, un 27% de la recaudación total vía impuestos.
La merma de ingresos se produce en un contexto de infrafinanciación autonómica cronificada y en el marco de los nuevos presupuestos de la Generalitat, que avanzan un recorte en las partidas que PP y Vox consideran no esenciales, sin determinar cuáles son. La titular de Hacienda cree que es una falacia afirmar que beneficia a las rentas elevadas y asegura que “no es cierto que vaya a suponer un perjuicio a los servicios públicos”. En España, según los análisis, la riqueza se reproduce por las rentas del capital, no por las del trabajo. Hasta un 30% de los ingresos de las secciones censales con más de 70.000 euros por hogar tiene su origen en las rentas del capital financiero o mobiliario, que suelen proceder de las herencias.
Los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, han presentado sendas enmiendas a la totalidad que no cuentan con el respaldo suficiente. Consideran que la medida es injusta, no responde al modelo de progresividad fiscal y llevará parejos recortes en los presupuestos autonómicos.
Los agentes sociales agrupados en el Comité Económico y Social valenciano, organismo asesor, cuestionaron la rebaja en su informe sobre el proyecto legislativo. El Comité recuerda que se ha constatado una falta de recursos generalizada en las comunidades autónomas, especialmente en la valenciana, que está a la cola en financiación per cápita y global, y recuerda que los principios constitucionales marcan la progresividad del sistema fiscal.