El PP y Vox anuncian normas para controlar la televisión pública y la Agencia Antifraude y cambiar la ley de memoria democrática por una de “concordia”

El PP y Vox inician su agenda de legislatura con la presentación de cinco leyes que afectan a la estructura de la enseñanza obligatoria, la televisión pública, las políticas de memoria democrática, la lucha contra el fraude y las políticas de transparencia e incompatibilidades. Como si siguieran los cinco puntos del preacuerdo de Gobierno que sellaron Carlos Mazón y el entonces líder de Vox, Carlos Flores Juberías, los partidos enmiendan a la totalidad el corpus legislativo progresista.

Las normas garantizan a la coalición de la derecha y la ultraderecha el control de la radiotelevisión pública y de la Agencia Antifraude, promulgan una ley que sustituye la memoria democrática por la “concordia” y establecen cambios en la enseñanza de la lengua en valenciano, con un sistema similar al de las líneas. Los sistemas de mayorías cualificadas pasan a la historia y los órganos podrán ser elegidos por mayoría absoluta.

À Punt

Los grupos que sustentan al gobierno plantean una ofensiva total a la radiotelevisión pública valenciana. La norma, registrada en la tarde del jueves en la Cámara, derogará la ley de 2016, unificará la Corporación y la Sociedad, cambiará los órganos administrativos, reducirá el presupuesto y aumentará los contenidos en castellano. Los procesos de selección del personal quedan paralizados, según han apuntado sus dirigentes.

La propuesta normativa, que saldrá adelante con la mayoría de los conservadores y la ultraderecha, cambia el Consell Rector por un Consejo de Administración. Este tendrá un presidente ejecutivo y un director general de la sociedad. Los consejeros serán ocho: siete elegidos por las Corts Valencianes, donde PP y Vox tienen mayoría, y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que también presiden los conservadores. Los consejeros necesitarán el apoyo de tres quintas partes de la Cámara en una primera votación y si no la superan bastará con una mayoría absoluta.

La nueva ley establece la creación de la sociedad anónima pública que llevará el nombre de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que será una fusión de ambos entes. La empresa pública estará adscrita a Presidencia de la Generalitat Valenciana. La norma actual quedará derogada.

Vox ha reconocido que esta ley es contraria a su programa electoral, puesto que ellos no consideran que la información sea un servicio que deba prestarse por los entes públicos, pero han celebrado la presentación conjunta, en una comparecencia con los portavoces del PP en las Corts. De hecho, la formación ultra amenazó a los trabajadores con cerrar la cadena pública. Los portavoces han apuntado que buscarán un modelo más “austero” y que los trabajadores se subrogarán a la nueva sociedad.

La coalición de la derecha y la ultraderecha ya intentó una maniobra similar en el debate de presupuestos, a través de la llamada ley de acompañamiento. La presión de los sindicatos, agentes sociales y la oposición hizo que los populares recularan, como prometió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en una sesión de control.

Derogación de la ley de memoria democrática y nueva ley de “Concordia”

Los socios de gobierno derogarán la ley de memoria democrática, que consideran partidista, y presentan una que abarca el periodo “desde 1931 hasta la actualidad”. El portavoz de Vox, José María Llanos, cuyo partido es el principal impulsor de esta norma, ha dicho que se investigaría a las víctimas “del Frente Popular” y ha cuestionado que la República Española de 1931 fuera un periodo democrático. “Hemos considerado que tiene que ser desde 1931 para que se incluyan, y creemos que sí que existen, víctimas de la violencia revolucionaria del Frente Popular”, ha dicho. La coalición Frente Popular se creó en 1936. Preguntado por esta cuestión, ha dicho que “estamos hablando de un sistema político que unos consideran que fue una democracia y otros que hubo muchas movilizaciones y desde luego fue un golpe a un sistema democrático. Entendemos que se puede incluir. No estamos para dar una clase de historia”. El PP ha evitado suscribir esta afirmación, preguntado hasta en tres ocasiones.

La ley tiene apenas siete páginas y un único título, que se limita a “reconocer a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa” de la Comunitat Valenciana en el periodo citado. También hace referencia a un “catálogo de vestigios” y a la protección de documentos “conducentes y concurrentes a las situaciones que llevaron a adquirir la condición de víctima” en el periodo investigado, sin mayor detalle.

Educación en valenciano

La ley, que lleva el eslogan de la “libertad educativa”, regulará la elección de la lengua en los centros para “acabar con la imposición del valenciano”. Se aplicará completamente en el curso 2025-2026, aunque en el próximo ya habrá medidas en vigor como la certificación “automática” de titulaciones de valenciano al superar esta asignatura. Ello implica que los alumnos que aprueben la asignatura en valenciano tendrán una titulación acreditada que llegará hasta el nivel C1 si superan el bachillerato con un notable, aunque bastará con un aprobado en el resto de niveles educativos.

Según han explicado los síndics de PP y Vox, Miguel Barrachina y José Mª Llanos, y el secretario del grupo 'popular', Juanfran Pérez Llorca, los padres podrán elegir la lengua en la que serán educados sus hijos cuando se matriculen por primera vez, mientras que a los que ya estén escolarizados se distribuirá una encuesta telemática para optar entre valenciano o castellano. Es, en la práctica, un sistema similar al de las líneas en castellano y valenciano.

Agencia Antifraude

Respecto al ente que lucha contra la corrupción, los populares han presentado esta iniciativa en solitario. La medida, que modifica la existente, se plantea en pleno proceso de renovación de la Agencia y han asegurado que son las reivindicaciones de su actual director, Joan Llinares. También elimina la mayoría cualificada para la elección del director.