Partido Popular y Vox han alcanzado esta misma semana un acuerdo para que Carlos Mazón sea el próximo president de la Generalitat, un Gobierno autonómico cuya composición todavía se está acabando de perfilar y que contará diez conselleries -tres de ellas, además de la vicepresidencia del Consell para el torero Vicente Barrera, caerán en manos de la formación de extrema derecha (Cultura -de la que se ocupará Barrera-, Agricultura y Justicia, Interior y Gobernación)-. Por el momento, lo que se ha hecho público es el documento con 50 medidas sobre el que pivotará la acción del Ejecutivo valenciano la próxima legislatura valenciana.
Alguna de las decisiones que adoptarán PP y Vox, atendiendo a las declaraciones públicas en diferentes medios de los representantes de ambas formaciones -entre ellos, el propio Mazón-, volverán a poner al valenciano en el foco de la polémica volviendo a utilizar la lengua como arma arrojadiza.
El próximo jefe del Consell ha reconocido en diversas entrevistas que eliminará la Oficina de Derechos Lingüísticos, creada por el Consell del Botànic en 2017 y que el dirigente popular ha calificado reiteradamente como “oficina de policía lingüística”, además de deslizar que retirará el requisito lingüístico que, por ejemplo, considera que no es un mérito necesario para Educación, “si no eres profesor de valenciano”. Y lo mismo en el caso de Sanidad, donde Mazón critica que para conseguir una plaza de médico “cuenta lo mismo el valenciano que el doctorado”.
Se da la circunstancia de que el requisito lingüístico del valenciano para la función pública acordado por PSPV, Compromís y Unides Podem el pasado mandato es idéntico al que implantó el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en Galicia. Las conselleras de Educación en funciones, Raquel Tamarit, e Interior en funciones, Gabriela Bravo, explicaban hace unos meses que para la implementación del requisito lingüístico en la función pública se analizaron los modelos de las comunidades con lengua propia, y que el gallego era el que más se adaptaba a la realidad lingüística valenciana: “Nos sitúa al nivel de otras comunidades autónomas como Galicia”, apuntaban. De este modo, por ejemplo, en el ámbito sanitario puntúa lo mismo en la comunidad que gobernaba Feijóo el nivel cuatro sobre cinco en el Certificado de Estudios de la Lengua Gallega (CEL-GA) que el doctorado en ciencias de la salud. En Educación, Feijóo, que siempre ha presumido de “bilingüismo cordial”, el conocimiento del gallego es indispensable para ser profesor.
Realidades lingüísticas “distintas”
Preguntado al respecto por Carlos Alsina en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, sobre el hecho de que compute lo mismo el gallego que el doctorado en la comunidad autónoma de la que Feijóo fue presidente autonómico durante trece años, Mazón se limitó a decir que la realidad lingüística “es distinta en un sitio y en otro. Yo creo que hay diferencia entre un mérito y un requisito, y lo que está claro es que el peso del valenciano no puede contar lo mismo que una toda una carrera profesional, que todo un doctorado, porque está siendo una barrera. Es un requisito de facto el que ha puesto la Generalitat Valenciana, y esto no tiene mucho sentido porque no es ejecutivo, no es operativo, pero sobre todo porque va en contra de tener más médicos, que es lo que necesitamos en la Comunitat Valenciana”.
Y en el caso de la Educación, sostiene que si alguien va a dar clases de valenciano, “se le tendrá que exigir el valenciano, como si alguien va a dar clase de inglés se le tendrá que exigir el inglés”. Y apuntaba que en la provincia de Alicante hay poblaciones en las que la mitad habla en valenciano y la mitad en inglés, “es una realidad que tendremos que atender, incluso en la sanidad. Tendremos que pedirle a la gente que sepa hablar inglés cuando esté en un mostrador de entrada o atendiendo al teléfono en un centro de salud, porque se trata de dar servicios a ciudadanos que pagan sus impuestos y tienen derecho a que se les atienda en su lengua”.
“El valenciano no puede ser un impedimento para las cosas”, sostiene, para añadir: “El grado de valenciano puede ser más exigible o tener más repercusión cuanto más cerca del ciudadano está un señor, pero no sé si se le puede exigir el mismo nivel de valenciano a alguien que está en una oficina de turismo que a un ingeniero que está en un despacho de la Conselleria de Obras Públicas diseñando un tranvía. Entiendo que son grados distintos y tienen que ser proporcionales al sentido común”.
Escola Valenciana defenderá los derechos de la ciudadanía
Escola Valenciana ha reaccionado a la intención del futuro gobierno valenciano de PP y Vox de eliminar herramientas como la Oficina de Drets Lingüístics: “NO deja lugar a dudas: el nuevo gobierno considera que las personas valencianohablantes son ciudadanos de segunda”. La entidad ha recordado que disponen de una Oficina de Drets Lingüístics donde seguirán atendiendo y denunciando las vulneraciones lingüísticas: “Nosotros seguiremos estando junto a la gente luchando por la igualdad de derechos”.