Procesan a dos exalcaldes del PP de Orihuela por la contrata de basuras
Una juez ha acordado procesar a 35 personas dentro de la rama del caso Brugal relativa a las supuestas ilegalidades en la adjudicación del servicio de recogida de residuos urbanos de Orihuela (Alicante), entre ellos a los exalcaldes del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), también figura entre los procesados en industrial oriolano y presuntamente beneficiado por las irregularidades Ángel Fenoll y varios concejales.
En un auto de 69 páginas, la juez de Primera Instancia número 3 de Orihuela aprecia indicios de, entre otros delitos, cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico influencias.
Al mismo tiempo determina en otro auto el archivo provisional de la causa para diez personas, entre ellos varios concejales populares (David Antonio Costa, Araceli Vilella y Antonio Francisco Francoandreu), un hermano de Fenoll, Ramón, así como del detective Manuel Rey Parente, autor de las grabaciones ocultas por encargo del empresario que, en 2006, destaparon este escándalo de supuesta corrupción que recibió el nombre de Brugal, y que dio origen a una veintena de piezas separadas en diversos puntos de Alicante.
La juez recuerda que en los 7 años de instrucción se han practicado las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y se han dictado 112 autos para ordenar escuchas telefónicas entre 2007 y 2010, las cuales condujeron el 6 de julio de 2010 al espectacular operativo policial de registro del ayuntamiento de Orihuela.
La empresa de Fenoll (Colsur) logró en 1992 la recogida de basuras de la costa de Orihuela por un periodo provisional de un año pero logró mantener la contrata ininterrumpidamente hasta que, en 2005, el ayuntamiento se planteó un nuevo concurso.
El auto refleja que el industrial y sus colaboradores, entre ellos algunos concejales, planearon una estrategia para retrasar la nueva adjudicación con el fin de seguir con la recogida de basuras.
Para ello, presuntamente, usó las grabaciones que él mismo había realizado a distintas personalidades del ámbito de la política local para presionarlos y lograr la adjudicación o, al menos, la declaración de desierto del concurso, y así mantener la situación anterior en beneficio propio, lo cual consiguió.
De la exalcaldesa popular Lorente, la juez aprecia los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración, mientras a Medina le atribuye los dos últimos, además de cohecho.
La operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela en las que se ponía de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.
