España camina, no sin reticencias, hacia un proyecto de Estado más plural. Las últimas elecciones generales han generado el parlamento más diverso en formaciones políticas -también, para algunos opinadores, el más bloqueado en términos de gobernabilidad- y el Gobierno central, el primero de coalición, ha reconocido la necesidad de un reparto de poder más equitativo entre los territorios. La gestión de la pandemia ha resucitado las conferencias de presidentes autonómicos y las conferencias sectoriales, espacios ya previstos en la Constitución, los territorios reclaman más voz en la toma de decisiones y en algunas, como la Comunitat Valenciana, se ha intensificado la agenda federalista.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, apadrina desde hace un año foros y espacios de debate en los que avanzar en la descentralización del Estado. El pasado otoño el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), puso de manifiesto la discriminación económica y territorial que implica la concentración de instituciones estatales en Madrid. Según el estudio, casi el 79% del empleo de la Administración General del Estado está en la capital y tiene un claro impacto en la contratación pública: el 40% de los órganos de contratación pública están en Madrid, que gestionan el 75% de las licitaciones públicas y el 87% del importe adjudicado. Ello da como resultado que el 65% del importe adjudicado, fondos públicos para infraestructuras y servicios públicos, va a parar a empresas con sede social en Madrid.
El informe ha sido rescatado este lunes en la segunda sesión del seminario La España polifónica, organizado por la Cátedra Prospect 2030 que colabora con la Generalitat Valenciana, y sirve como base para debatir cómo construir un modelo de Estado más justo desde la perspectiva económica, política y social. “Lo estatal debe estar presente en todos los territorios”, apuntaba Ximo Puig en la clausura del seminario, en una continuación de la jornada celebrada en octubre. Fruto de ese primer debate, la Cátedra que apadrina la Generalitat Valenciana ha presentado una propuesta de líneas políticas federalizantes que Puig asume como postura del Ejecutivo autonómico. La agenda “polifónica” pasa por relocalizar instituciones y descentralizar la acción de Gobierno, con acciones como trasladar la sede de Puertos del Estado a Valencia, el Tribunal Constitucional a Cádiz, el Supremo a Castilla y León, el Consejo de Estado a Castilla La Mancha o el Senado a Barcelona. También plantea una red museográfica estatal y el traslado de agencias de investigación, por ejemplo a Euskadi, o la sede de la red de parques nacionales a Extremadura. El presidente valenciano abogado por descentralizar elementos simbólicos, como la celebración de la Hispanidad en otras ciudades, y en este sentido ha propuesto que debates electorales como los que organiza RTVE se celebren no solo en Madrid, sino también en centros territoriales como el de la Comunitat Valenciana. Las propuestas, apunta el informe, deben constituir un primer paso para una remodelación más profunda que analice las deficiencias de la concentración y las oportunidades de nuevas localizaciones.
La España polifónica o la España cacofónica
Con todo, apuntan los expertos participantes del foro, entre ellos el ministro de Universidades, Joan Subirats, esta voz descentralizadora se encuentra con cierta resistencia centralista. El Senado, concebido como Cámara de representación territorial, se convierte en una suerte de segunda vuelta en el proceso legislativo; las conferencias sectoriales se convocan desde el ministerio, no desde las autonomías; aparecen formaciones políticas que niegan el Estado autonómico o tratan de desposeerlo de legitimidad para existir. “La descentralización política no ha ido acompañada de la descentralización del poder”, apuntaba Subirats, que al margen de ministro es experto en políticas públicas, y apunta que la estructura territorial -las comunidades autónomas - no tiene verdadera capacidad de decisión en el marco actual.
Junto al titular de Universidades, la catedrática en Derecho Constitucional Ana Carmona señalaba un déficit de foros de interacción entre comunidades autónomas, que lleva a una “España cacofónica” y en su lugar aboga por buscar un espacio en el que las voces se expresen de forma coral. Como propuestas, apuntaba a reforzar las conferencias de presidentes, tener un calendario predefinido de conferencias sectoriales, y, para abordar la desconcentración institucional, poner en marcha una red de infraestructuras que faciliten la movilidad, junto a incentivos a los funcionarios para el traslado. A su vez, Jordi Gracia, catedrático de Literatura española, recalcó que desde el punto de vista discursivo “el enemigo no puede ser Madrid”, dado que generaría una “actitud defensiva” de los dirigentes de la capital y de parte de la derecha española, como “una ofensiva de las periferias que quieren sustraer parte del poder”. En su lugar, plantea un discurso en el que la población pueda “sentirse parte de un Estado lleno de diversidades”.