La posición de los partidos de izquierdas ante los proyectos renovables es compleja. El rechazo de una parte de la población a macroproyectos renovables, especialmente los que se pretenden ubicar en municipios despoblados o junto a parques naturales, choca con la postura de las instituciones, que insisten en acelerar la transición energética con grandes proyectos de energía eólica y fotovoltaica. La postura es aún más complicada cuando entran diversas administraciones en juego: mientras municipios y Ejecutivos autonómicos rechazan proyectos por su impacto ambiental, el Gobierno central los autoriza.
Esta incoherencia se ha hecho patente en la última semana en la Comunitat Valenciana. En apenas 24 horas, el Consejo de Ministros ha aprobado la autorización de un macroparque eólico en la comarca de El Maestrazgo, que une Castellón y Teruel, solo con el apoyo de los ministros socialistas. Un día después, el PSPV remitía un comunicado en el que celebra que la empresa que opta a un macroproyecto fotovoltaico en la comarca colindante, el proyecto 'Magda' en la Plana Alta, retire su oferta.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a uno de los mayores parques eólicos de España, el 'Cluster Maestrazgo', que entre las comarcas turolenses y el norte de Castellón creará una veintena de parques eólicos, con 125 y unos 800 megavatios de potencia. El Gobierno Aragonés y el valenciano emitieron informes contrarios al proyecto, que por sus características pasa directamente por el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la socialista Teresa Ribera. El proyecto afecta al parque natural del Maestrat y la línea de evacuación -la 'MAT'- llega hasta Morella (Els Ports, Castellón), pasando por un área protegida en la Red Natura 2000. Además, cuenta con el rechazo de partidos como Compromís, Sumar, Teruel Existe y movimientos sociales y ecologistas, que se han ido constituyendo en plataformas.
La coalición Compromís ha cargado contra la decisión del Gobierno central e inciden en que los ministros de Sumar se han opuesto a la autorización. La portavoz en el Congreso, Àgueda Micó, denuncia que es “un atentado contra el territorio”. : “El PSOE parece que o no quiere entender de qué va la transición ecológica, o vuelve a anteponer los intereses de las multinacionales a los del mundo rural porque, en definitiva, lo que está sucediendo es que se aprueba la destrucción de una de las zonas de mayor valor medioambiental de todo el Estado, al nivel del Parque Natural de Ordesa, que está habitado de numerosas especies protegidas de fauna y flora endémica”, denuncian.
Los valencianistas cargan directamente contra la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, por no rechazar el proyecto. “¿Para qué sirve tener una ministra valenciana si acaba votando siempre lo que dicta Madrid sin importar los problemas que genera para la tierra y la ciudadanía que ella representa?”. Así, Micó recordó que el propio PSPV lanzó un comunicado pidiendo la paralización del macroproyecto energético. “El PSOE, como el PP, prometiendo algo en sus pueblos y votando lo contrario”, critica la dirigente valencianista.
Los socialistas valencianos no se han pronunciado sobre el proyecto, pero sí sobre una posible retirada de la empresa que quiere construir un macroparque fotovoltaico en Castellón, conocido como proyecto 'Magda'. La promotora del parque solar fotovoltaico MAGDA, Tregmul Trade SL, ha renunciado al proyecto al no poder cumplir las condiciones necesarias para que se pudiera materializar. Entre estas condiciones se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que exigía unos requisitos que la empresa no ha podido cumplir en su totalidad, según recoge Europa Press.
Al hilo de este desestimiento, el diputado socialista Ernest Blanch ha mostrado su satisfacción “por la acción contudente del Ministerio de Medio Ambiente” que, ajustándose en todo momento a la legalidad, “puso a la empresa más de cincuenta condicionantes medioambientales al proyecto de los cuales solo ha podido cumplir unos pocos”, por lo tanto, “no puede continuar adelante”.
“Esperemos con impaciencia el cierre definitivo del expediente de la macroplanta”, ha destacado Ernest Blanch que también ha querido agradecer “la actuacion del Ministerio y la acción del Consell de Ximo Puig que siempre se manifestó en contra del proyecto, así como la acción de los municipios y de toda la gente que se ha movilizado”. El parlamentario recalca que los socialistas “quieren un territorio sostenible con proyetos razonables, un modelo claramente alternativo a ese desarrollismo depredador de hace veinte años que pregonan las administraciones del PP”. Y concluye: “No queremos que nuestros municipios sean depredados y reivindicaremos en todo momento el cumplimiento de la legalidad, las condiciones del Ministerio y lo que consideramos que es la máxima defensa de nuestra gente y del territorio”. Sobre el cluster del Maestrazgo, ni una palabra.