El Partido Socialista defiende su propuesta abolicionista como una forma de lucha contra la violencia de género. El grupo parlamentario presentó este martes dos proposiciones de ley para reofrmar, por el proceso de urgencia y de lectura única, la ley de espectáculos y la ley de carreteras con el objetivo de sancionar la prostitución y la participación de los locales en ella.
La vicesecretaria general y de Igualdad del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, ha remarcado que la abolición de la prostitución “es un objetivo al que los y las socialistas no pensamos renunciar” y ha apuntado que “tenemos que conseguir que las mujeres prostituidas sean reconocidas como lo que son, es decir, víctimas de violencia machista”.
Domínguez ha explicado que la primera propuesta reforma la ley de carreteras “porque gran parte de la explotación de las mujeres se da aquí” y ha subrayado que “queremos que en las carreteras de dominio público de la Generalitat esté prohibido el consumo de la prostitución”. Respecto a la segunda, que genera conflicto con los responsables de Igualdad en el Consell y con sus socios de Gobierno, remarcan que “en ningún caso se puede sancionar a la víctima de prostitución, debemos poner el foco en el consumidor”.
Asimismo, la vicesecretaria de Igualdad del PSPV-PSOE ha recordado que los y las socialistas “apostamos por perseguir al putero y al proxeneta” y ha marcado distancias con otras propuestas. “No es lo mismo un modelo prohibicionista, por el que opta el Partido Popular, que un modelo abolicionista, por lo que luchamos desde el PSOE”: “El modelo prohibicionista multa al putero y multa a la víctima. El PSOE propone multar al putero y al proxeneta, pero no a la víctima, a quien se le debe proporcionar toda la ayuda y atención”. “Es imprescindible seguir dando pasos” ha insistido.
En paralelo, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se ha reunido con el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, para que el municipio apruebe la ordenanza abolicionista que su departamento ha promovido. El texto prohíbe la demanda de prostitución, que la considera infracción grave y la sanciona con multas de hasta 1.500 euros y prohíbe también la publicidad que promueva el consumo de prostitución, con multas de hasta 750 euros.
Según los datos de Justicia, de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana, 9 municipios han aprobado esta ordenanza y 8 más han iniciado los trámites, aunque 34 se han mostrado dispuestos. Los municipios que han aprobado esta ordenanza son Paterna, Serra, Piles, Benetússer, Alaquàs, Granja de la Costera, Quart de Poblet, Albal y Nules.