El PSPV-PSOE ha instado hoy al Consell de Mazón a derogar de manera urgente la instrucción aprobada el 19 de abril por la directora General de Dependencia y Personas Mayores, adscrita a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad, Servicios Sociales y Empleo que dirige Susana Camarero, por la que las personas dependientes en lista de espera y que, como consecuencia de agravarse su situación, modifican su solicitud de prestación, pierden el derecho a recibir el pago de los atrasos de las ayudas a la dependencia.
Así lo ha manifestado este domingo la coportavoz de Política Social del Grupo Socialista en las Corts Valencianes, Silvia Gómez, quien ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) reclamando a Camarero la rectificación inmediata de la medida y la revocación de la citada instrucción, así como una batería de preguntas y solicitudes de documentación para conocer cuántas personas se han visto afectadas por este recorte de las ayudas y el perjuicio económico que se les ha causado, además de todos los informes, jurídico, económico o técnicos, que han avalado la decisión.
La diputada socialista ha afirmado que “la última decisión tomada por la consellera Camarero supone un grave recorte de derechos de las personas demandantes de las ayudas a la dependencia que lo que necesitan es un Gobierno que les facilite la vida y no uno, como el que tenemos ahora, que se la complica” y ha recordado que “con la nueva norma que pretende aplicar el Consell si la persona dependiente o su familia realiza un cambio en la solicitud porque su situación ha cambiado pierden de forma inmediata el derecho a recibir las ayudas no percibidas desde el momento de la solicitud inicial”: “De forma absolutamente injusta, se les condena a ponerles el contador a cero”.
Silvia Gómez señala que los cambios en la solicitud de la prestación son muy habituales, ya que, como denunció esta semana el sindicato UGT, con una espera media de 314 días hasta la aprobación de las ayudas, a menudo se produce un empeoramiento de la situación de los solicitantes, que conlleva la necesidad de mayores cuidados y, en consecuencia, la petición de un servicio o prestación distinto al que se hizo en la solicitud inicial, por ejemplo, el ingreso en una residencia. Al ponerse el contador a cero, los afectados, según UGT, pueden llegar a perder por los atrasos no reconocidos más de 840 euros al mes en el caso de una prestación vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio o 747€ al mes si es un Centro de Día. Dado que, al ponerse el contador a cero, se pierden como mínimo los 6 primeros meses iniciales, el coste económico para los afectados es unos 5.000 euros, que se convierten en más de 10.000 euros si el retraso supera el año.
La parlamentaria socialista Silvia Gómez ha subrayado que “estamos claramente ante una decisión irresponsable y que incluso podría considerarse ilegal puesto que una instrucción no puede modificar el decreto que regulaba el pago de estas ayudas y que sí reconocía los atrasos”, y ha remarcado que “Mazón todavía está a tiempo de enmendar a su vicepresidenta y tomarse en serio la política social”: “El tiempo pasa y Mazón debe tomar cartas en el asunto”.