Las discrepancias entre PP y PSOE hacen insalvable un acuerdo entre los partidos valencianos y los agentes sociales en materia de financiación autonómica. Las posiciones en el tablero nacional de ambas formaciones impiden reeditar los compromisos de la Plataforma per un Finançament Just, que agrupa a la patronal, los sindicatos y los tres partidos con representación parlamentaria que creen en el Estado autonómico (PP, PSPV y Compromís).
La reunión de este viernes, que sirve como preámbulo del encuentro entre el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del próximo 4 de octubre, ha recordado las diferencias entre ambas formaciones. Agentes sociales, patronal y Compromís han abroncado a ambos partidos por su cambio de posición respecto a las reivindicaciones valencianas y han afeado que obedezcan “directrices” de Madrid. Todos reconocen que el contexto nacional influye en la toma de decisiones.
Los socialistas llegaron al encuentro, que pretendía ratificar la propuesta de noviembre de 2023 -reforma del sistema, fondo de compensación (o nivelación) y condonación de la deuda generada por la infrafinanciación (deuda histórica)-, con una nueva propuesta: concretar la cuantía del fondo, incluir nuevos elementos en materia fiscal como el apoyo a la senda de déficit o un sistema de impuestos más progresivo. A fin de cuentas, todo va de obtener más recursos para las arcas públicas. Para el PSPV es incoherente reclamar más financiación al Estado cuando la Generalitat renuncia a recaudar eliminando impuestos a los grandes patrimonios. El cambio no gustó a nadie y no se suscribió el acuerdo.
El portavoz del PSPV, José Muñoz, defendió que la situación no es la misma que en 2023 y hay que “cambiar de pantalla”. Apuntó que se ha abierto una “oportunidad histórica” para reformar el sistema con “la entrada de Catalunya en el juego político” gracias al acuerdo PSC-ERC y que la Generalitat Valenciana ha recibido más recursos del Gobierno central que nunca a través de distintas partidas y fondos. Este mismo viernes, Hacienda comunicaba que ha transferido en septiembre 1.582 millones de euros a la Comunidad Valenciana por la actualización de las entregas a cuenta de 2024.
Los socialistas creen que se está instrumentalizando la plataforma para hacer la contra al Gobierno de España, facilitarle el trabajo a Carlos Mazón, que tergiversa los compromisos adoptados, y enmarcan las reivindicaciones en un paquete más amplio. Para el PP, esta posición es poco menos que un chantaje y un ataque a las comunidades autónomas: si el PSOE cree en el federalismo, que les deje plantear la fiscalidad que consideran oportuna, argumentan.
El acuerdo que arrebata la mayoría independentista en la Generalitat de Catalunya ha hecho que el Gobierno rescate la conversación sobre la financiación autonómica, si bien esta se va formulando por entregas. Condonación de una parte de la deuda derivada de los préstamos del Estado por un lado, presupuestos por otro, reforma del sistema por otro. En esa negociación, Compromís aprovecha para intentar rascar un fondo transitorio que compense la infrafinanciación hasta que se apruebe el nuevo modelo, vinculando su apoyo a los presupuestos a esta cuestión, como recoge el acuerdo de legislatura. Los valencianistas asumen “punto por punto” los compromisos, señaló su portavoz en el Congreso, Àgueda Micó. Los empresarios han instado a los valencianistas a ejercer su influencia, como hace el PNV, para arrancar esta partida, un guante que recogen encantados.
Este fondo es algo que el PP apoya, con matices. A nivel nacional, los populares reclaman este fondo para todas las comunidades autónomas, sin reconocer singularidades, aunque el presidente de la Generalitat se empeña en decir que el acuerdo aborda la cuestión valenciana. Los populares, que están en la plataforma por decisión de Carlos Mazón desde que es presidente del partido, rehúyen abordar la condonación de la deuda histórica que ofrece el Ministerio de Hacienda. El portavoz del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, insiste en que no conocen esa propuesta, que no es real, y que cuando se ponga sobre la mesa la abordarán. “La posición del PP es muy clara”: priorizar la reforma y el fondo de nivelación “sin renunciar a que después se pueda hacer la condonación”, dijo Llorca, que insiste en que “el PP y el 'president' no van a renunciar a nada que beneficie a la sociedad valenciana”. Preguntado por si el president reclamará la condonación de la deuda en la reunión en Moncloa, insistió en que “la financiación se afrontará cuando se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera y una Conferencia de Presidentes”. Es decir, que sí quieren hablar pero en otro momento, en otro lugar, y en otras condiciones.
El PP valenciano afirma que no ha renunciado a la condonación de la deuda, pero esta cuestión no se recoge en el acuerdo de todos los presidentes del PP ni se encontraba entre las prioridades que Mazón expuso al principio de curso. De hecho, el propio Feijóo ha afirmado que está en contra de condonar la deuda de las comunidades autónomas, una propuesta que considera “inmoral”.
Quien vota qué
Los discursos son variables, pero si hay algo que permanece son las actas de las votaciones. En el último mes han coincidido una batería de leyes, propuestas o resoluciones sobre los tres pilares de la compensación por la infrafinanciación valenciana, cada una con un resultado diferente.
En el debate de política general en las Corts Valencianes se presentaron tres resoluciones sobre financiación autonómica por el PP, PSPV y Compromís. El PP votó a favor de la propuesta de Compromís, que incluía un “mecanismo” para compensar la deuda y un fondo de nivelación. Compromís votó a favor de la del PSPV, que pedía que el Consell se reuniera en Moncloa para negociar un nuevo sistema de financiación que tenga en cuenta la “singularidad” valenciana, además de pactar la condonación de una parte de la deuda, y se abstuvo en la del PP. El PSPV votó en contra de la Compromís y la del PP. Esta última reclamaba una Conferencia de Presidentes y un Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que acabe octubre y reclama un fondo de nivelación que garantice la prestación de servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos, en “igualdad de condiciones” e independientemente del territorio en el que vivan. Compromís se abstuvo en esta votación, que se perdió. Solo se aprobó la resolución de los valencianistas, que a su vez era un calco de una propuesta que el PP presentó el año pasado.
En el mismo Parlamento, un par de semanas atrás, los populares presentaron una enmienda a la totalidad a la proposición de ley que reclama esas mismas cuestiones y que, de aprobarse, tendría que tramitarse en el Congreso, forzando un posicionamiento de mayor calado. Además, rebajaron todas sus pretensiones sobre la condonación de la deuda, que quedaba fuera del papel. La ley de “trato justo” que registró Compromís aborda los tres puntos consensuados por la plataforma.
La misma semana del debate, el PP tumbó en el Senado una propuesta que reclamaba fondos concretos para la Comunitat Valenciana y presentó en su lugar una moción para “crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas”, borrando cualquier singularidad. Dadas las votaciones, conseguir un consenso en la propia comunidad autónoma parece algo lejano.