La política se puede hacer por acción o por oposición. El presidente del PP valenciano y jefe de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha optado este lunes por la segunda opción, desmarcando a sus representantes municipales de la alianza contra la inflación impulsada por el Gobierno del Pacto del Botánico. El Consell ha celebrado una cumbre con representantes municipales y de las Diputaciones para compartir experiencias contra la subida de precios, un encuentro del que el dirigente popular ha separado al partido. El distanciamiento llega solo cuatro días después de que sus parlamentarios votaran a favor de la rebaja fiscal impulsada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
“Las administraciones gobernadas por el PP no se unirán a la Alianza contra la Inflación que presenta la Generalitat”, ha indicado Mazón en una rueda de prensa previa, donde aseguró que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha criticado que el documento servirá solo como “puesta en escena que en nada va a beneficiar a la pequeña economía y a las familias”.
En el foro, celebrado en el Museo de las Ciencias de València, representantes autonómicos y municipales han coincidido en políticas como mantener la congelación de algunas tasas, extender las ayudas sociales a colectivos vulnerables, actuar sobre el sector agroalimentario, impulsar el transporte público y planes de eficiencia energética e implantación de renovables para mitigar el aumento de precios de la energía y de los productos básicos de alimentación.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el pleno del Consell prorrogará la rebaja de las tasas y mantendrá la rebaja de precios de servicios públicos -como el transporte-, aprobadas el pasado abril, que reducen un 10% el importe a pagar. La medida se mantendrá hasta agosto de 2023, a través de un decreto que será aprobado en las próximas semanas y que entrará en vigor el 1 de enero. Puig ha insistido en que la situación obliga a una “respuesta pública conjunta” y ha reclamado “unidad” a los partidos y administraciones para hacer frente a una situación derivada de la guerra en Ucrania.
En la misma línea se ha mostrado la número dos del Ejecutivo, Aitana Mas, que apunta que el conflicto “ha dejado a cuerpo descubierto un sistema de precios de la energía socialmente ineficiente, que impide que las clases populares y medias puedan acceder a fuentes energéticas pagando unos precios justos”. Según Mas, eso se ha trasladado a “un incremento del coste de la vida de la ciudadanía, de costes de las pymes y de las administraciones públicas”. Por ello, la titular de Políticas Inclusivas aboga por reforzar las políticas sociales y alerta de las consecuencias de las subidas de los tipos de interés de las hipotecas: “Suponen una importante reducción de la renta disponible de las clases medias y bajas y un complicado acceso a una vivienda digna, especialmente para las generaciones más jóvenes” .
Por su parte, los representantes municipales coincidieron en emplear el “escaso margen de maniobra” sobre la regulación en mantener los precios rebajados del transporte público, potenciar el comercio local y el contacto directo entre productores de alimentos y consumidores, incrementar las ayudas al alquiler y fomentar los planes de eficiencia energética en edificios públicos.