La decisión está tomada: el Ayuntamiento de Rafelbunyol quiere retirar la 'Cruz de los caídos'; pero esta retirada no será inmediata porque los familiares de los fusilados durante la Guerra Civil que aparecen en el homenaje franquista han presentado recursos ante los tribunales, y el alcalde de la localidad Fran López (PSPV) quiere actuar sobre sentencia en firme.
López (quien pasa por ser también el secretario general de Joventuts Socialistes del País Valencià) ha afirmado que “la decisión política está tomada, y nos costó un pacto de gobierno”, para defender su intención inequívoca de retirar esta cruz conformada en un mural de azulejos instalados en la fachada de la Iglesia de San Antonio Abad. Así fue. En julio de 2016 PSPV y Compromís votaron a favor de la retirada de esta cruz, mientras que los independientes de IdRA (escisión del PP) con quienes tenían un pacto de gobierno, se aliaron con el propio PP para oponerse a la decisión.
Esta decisión fue tomada en pleno en julio de 2016 y ratificada en otro pleno en septiembre, dos meses después. Pero la asociación de familiares decidió presentar batalla contra la medida acudiendo a la justicia con el argumento de que se quería actuar sobre un bien de naturaleza privada, ya que la cruz está fijada en la pared del templo, y no se encuentra en el espacio público.
La medida contaba con el apoyo del informe de la Dirección General de Reformas Democráticas de la Generalitat Valenciana, y el 28 de diciembre de 2017 el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 7 de València dictó a favor de la decisión del ayuntamiento en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Pero los familiares no se quisieron quedar ahí y han presentado un recurso de casación ante el TSJCV.
Ante esta situación el alcalde ha explicado que va a esperar a la decisión en sentencia firme del tribunal porque “hemos de ser garantistas”. Así añadía que esperará que los tiempos los marque la justicia “para no afectar a la convivencia de la ciudadanía”.
Fran López reconoce que la justicia le permitiría ya la retirada de estos azulejos y preservarlos por si finalmente se produjese una sentencia revocatoria, pero añade que “no quiero tener que enfrentarme a una acusación de prevaricación que podría conllevarme la inhabilitación”, por lo que se ha reafirmado en esperar a esta sentencia firme del TSJCV.