Sin rastro de los documentos judiciales sobre los atentados contra Joan Fuster cuatro décadas después
En 1981, hace este sábado 41 años, explotaron de madrugada dos bombas junto a la casa del escritor Joan Fuster. Encontrar información sobre el atentado atribuido a la extrema derecha contra el ensayista de Sueca es una tarea titánica. Así lo indican los constantes intentos de los investigadores, académicos y periodistas, por aproximarse a las pesquisas policiales y judiciales que siguieron el caso.
Cuatro décadas después de producirse el atentado, al que siguió otro en octubre en La Nau de la Universitat de València, la documentación permanece en paradero desconocido o es imposible de consultar. En respuesta al senador de Compromís Carles Mulet, que pidió a Justicia, Defensa e Interior acceso a los expedientes el pasado octubre, el Ejecutivo asegura que “La gestión de los medios, tanto materiales como personales de los archivos judiciales Territoriales y de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales, ha sido asumida por la Generalitat Valenciana”.
El senador reclamó información sobre los sucesos del 11 de septiembre y el 15 de octubre, además de los expedientes sobre el primer atentado contra Fuster, en 1978, denunciando que el expediente fuera expurgado por el Ministerio de Justicia pese a su valor histórico. Ante la respuesta el Gobierno central, fue el grupo parlamentario en las Corts Valencianes quien asumió la tarea y consultó a la Conselleria de Justicia.
En la respuesta escrita enviada a la parlamentaria Mónica Álvaro, el departamento que dirige Gabriela Bravo da cuenta de que se recibieran los expedientes, iniciados en 1981 por los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sueca -en el caso del atentado contra la casa del escritor- y por el Juzgado de Instrucció número 3 de València, en el caso del atentado en la Universitat, sin indicar la fecha de recepción.
En 2008, continua la respuesta parlamentaria, se publicó un acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana por el que se declaraban una serie de expedientes “acabados, prescritos o caducados”, entre los que se encontraban estas pesquisas, que fueron remitidas al Archivo Judicial Provincial de Valencia. Siete años más tarde, en marzo de 2015, dos meses antes del cambio de Gobierno, Justicia asegura que los documentos fueron destruidos.
Sobre la investigación del primer atentado contra Fuster, en noviembre de 1978, el Gobierno valenciano desconoce su paradero. “Por los hechos ocurridos el 18 de noviembre de 1978, el Juzgado de Primera Instancia e instrucción de Sueca incoó las Diligencias Previas 1036/1978. De acuerdo con la misma información, no consta la entrada de este expediente en el Archivo Judicial Provincial de València, por lo cual se desconoce su destino”, indica el escrito.
La “impunidad” de la extrema derecha
Los parlamentarios de Compromís, autores de una batería de preguntas parlamentarias para acceder a la documentación, consideran que estas respuestas son una muestra de “la total impunidad con la que actuó la violencia de la extrema derecha terrorista durante la transición” en el País Valenciano. Para Mulet y Àlvaro, “que no se pueda acceder a las investigaciones policiales por haberse destruido, abre más sospechas todavía sobre las actuaciones de los poderes políticos y policiales en aquella época”.
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