La red valenciana de víctimas de trata y explotación sexual atendió a cerca de 500 mujeres en 2020
El Gobierno valenciano atiende a las mujeres prostituidas y víctimas de trata como víctimas de la violencia machista sin necesidad de que presenten una denuncia en comisaría. Desde 2020 el Ejecutivo autonómico activa los mecanismos de protección para mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, como los itinerarios de la renta valenciana de inclusión o las viviendas protegidas.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, mantuvo el jueves un encuentro con responsables de la fiscalía provincial de Valencia para abordar las necesidades de las mujeres prostituidas y víctimas de trata en el sistema de protección público. En el encuentro con responsables de la Fiscalía participaron agentes judiciales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que señalaron la importancia de que las víctimas denuncien y mantengan su denuncia para asegurar la protección policial. La número dos del Consell insiste desde hace semanas -así lo hizo durante la visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero- en que la red de Centros Mujer 24 horas necesita una comisaría para que las víctimas puedan "cerrar el círculo"; un modelo similar al de la oficina de la Ciudad de la Justicia.
La red de atención a mujeres víctimas de trata, que depende de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, realizó 472 entrevistas personalizadas con mujeres “en el trabajo de calle y en medio abierto” en 2020. En el año de la pandemia 118 mujeres fueron beneficiarias directas de las ayudas del Gobierno autonómico, 10 mujeres participaron en talleres de salud, 27 en talleres para aprender castellano y con 165 se realizó un servicio de acompañamiento a gestiones diversas.
Los recursos de la red de trata, enmarcados en la red de violencia machista del Ejecutivo autonómico, ofrecen “atención integral residencial” a aquellas mujeres víctimas de trata que precisan de un lugar de acogida por motivos de protección -evitar la localización de las redes de explotación-, manutención y necesidades alimentarias y “realizan un proceso socio-educativo cuyo objetivo es la recuperación y preparación para la inserción laboral y salida autónoma del recurso”. Para estas acciones Igualdad cuenta con 21 plazas distribuidas en tres viviendas y colabora con entidades del tercer sector como Cáritas Diocesana.
Con el objetivo de trabajar en la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de explotación sexual, en los últimos presupuestos autonómicos se aprobó un aumento de las cuantías de la renta valenciana de inclusión para equipararlas al salario mínimo profesional, un incremento de 300 euros por beneficiaria.
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