Ricardo Costa ratifica ante el juez de Imelsa el pago de comisiones de Enrique Ortiz a cambio de adjudicaciones en Ciegsa

EFE

Valencia —

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El exsecretario general del PPCV Ricardo Costa ha ratificado ante el juez que investiga el caso Imelsa el pago de comisiones del empresario Enrique Ortiz y de Rover Alcisa por la adjudicación de obras de la empresa pública autonómica Ciegsa, destinadas a la campaña electoral del PP en 2007.

Costa había sido citado a declarar ante el juez como testigo después de que denunciara, en su comparecencia ante la Fiscalía Anticorrupción, el pago de comisiones de 500.000 euros, en sendas entregas de 350.000 y 150.000 euros, por parte de empresas del constructor Enrique Ortiz y la compañía Rover Alcisa por la adjudicación de obras de Ciegsa, dedicada a la construcción de colegios.

El instructor del caso Imelsa abrió una nueva pieza separada tras las declaraciones de Costa por presuntos delitos de prevaricación y cohecho.

En el caso Imelsa se investigan delitos de corrupción, entre ellos la supuesta financiación ilegal del PP a través de comisiones ilegales, amaño de contratos públicos y blanqueo de capitales en las elecciones autonómicas y municipales de 2011 y 2015.

Fuentes cercanas a la declaración han manifestado a Efe que Costa ha ratificado también ante el juez que las comisiones pagadas por las empresas de Ortiz y Rover Alcisa habrían ido destinadas a financiar la campaña electoral del PP del año 2007.

A su salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia, Costa ha manifestado a los periodistas que ha declarado ante el instructor para “colaborar con la justicia”, como según ha dicho hace “siempre” desde que declaró en la Audiencia Nacional “y en todos los procedimientos” en los que está llamado, aunque no ha querido precisar el contenido de su declaración.

El ex secretario general del PPCV ha sido condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y tres meses de cárcel por financiación ilegal del partido en las campañas electorales locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, gracias a la aplicación de atenuantes por confesión pues la Fiscalía pedía inicialmente para él siete años y nueve meses.