Las malas noticias para Rita Barberá comenzaron el pasado mes de mayo, cuando Compromís con el actual alcalde de Valencia a la cabeza (Joan Ribó), destapó los escandalosos gastos cargados a Alcaldía en el denominado 'Ritaleaks', y continuaron con los resultados electorales del 24 de mayo que provocaron la pérdida del sillón que venía ocupando desde hacía 24 años. Esta circunstancia, que vino precedida del ya famoso discurso del 'Caloret' en la Crida fallera, quedó plasmada en el “¡Qué hostia!” con el que Barberá recibió al exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano -ahora también caído en desgracia a cuenta del caso Avialsa- esa misma noche electoral.
Sin embargo, en poco más de dos semanas los acontecimientos se han precipitado y el cerco sobre la exprimera edil se ha ido cerrando.
26 de enero.- Agentes de la UCO de la Guardia Civil ponen en marcha la 'operación Taula' derivada del caso Imelsa que acaba con 24 detenciones, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y decenas de registros, como el que se produjo en las dependencias del grupo popular en el ayuntamiento de Valencia. Esa misma noche, comienzan a desfilar por los juzgados algunos de los investigados, como es el caso de la exconcejal con Barberá María José Alcón. En ese primer momento, aunque el PP cesó a los detenidos de sus cargos orgánicos -entre ellos a su portavoz municipal, Alfonso Novo-, algunas miradas ya se giraron hacia la exprimera edil valenciana.
27 de enero.- Comienzan las declaraciones de los detenidos ante el juez y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, defiende a la que él mismo denominó 'alcaldesa de España' -acosada por cuatro casos (y medio) de corrupción-. Insiste en que no está entre los imputados y que si al final acabara siendo “investigada” sería “apartada”. Quien sí fue apartado de la poravocía del grupo municipal en el ayuntamiento fue Alfonso Novo. Joan Ribó anuncia que Fiscalía está investigando a Barberá por las facturas de alcaldía conocidas a través del 'Ritaleaks'.
28 de enero.- Se investigan las posibles comisiones del 3% en contratos públicos y el fiscal, tras la declaración de Carmen García Fuster, mano derecha de Barberá, solicita pena de prisión al considerar que era una pieza clave en la trama de blanqueo. Además, el pleno del ayuntamiento aprueba por unanimidad -incluidos los concejales del PP- la creación de una comisión de investigación, mientras que la portavoz municipal, Maria Àngels Ramón Llin (sustituyó a Alfonso Novo), reconoce que había realizado donaciones de 1.000 euros al partido para la campaña electoral, aunque niega que se hubiera producido blanqueo.
29 de enero.- Sale a la luz que la Guardia Civil investiga a 50 concejales, exediles y asesores del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, entre ellos el controvertido Luis Salom, por blanqueo y presunta financiación ilegal. El juez comienza a realizar las primeras imputaciones por blanqueo, entre ellas la de Novo. Habla por primera vez Rita Barberá en una entrevista a la cadena Cope, y lo hace para decir que en el consistorio valenciano no se ha amañado ningún contrato, que ella sepa. Mientras tanto, la dirección del PPCV decide destituir a su dirección en Valencia y nombrar una gestora, al tiempo que anuncia la refundación del partido con nuevas caras.
30 de enero.- Comienzan a escucharse las primeras voces en el panorama nacional fuera del Partido Popular que exigen al PP la cabeza de la exprimera edil valencianas, como el líder socialista Pedro Sánchez, quien acusa al PP de esconder a la senadora en la Cámara Alta para evitar su imputación. La situación en Valencia afecta a las negociaciones de Mariano Rajoy en Madrid. En la Comunitat Valenciana, Comprimís pide una comisión de investigación en las Corts sobre la 'Operación Taula'.
1 de febrero.- Algunos de los testigos, como es el caso del exedil Juan Vicente Jurado, apuntan al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, pese a que dejó el ayuntamiento el pasado mes de marzo tras ser imputado en Nóos. El PP decide no suspender a los concejales investigados, a excepción de Novo, que consideran un caso aislado, para no quedarse sin grupo municipal en Valencia. Reaparece el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, quien tras testificar advertía que saldrían “más cosas”. Desde Génova, dan la espalda a la exalcaldesa, renuncian a defenderla y desvían la presión sobre Barberá, que apuntan es quien debería “dar explicaciones”.
2 de febrero.- Las sospechas se amplían también a la familia de la senadora valenciana. Una extrabajadora del partido en el ayuntamiento asegura que el asunto de las donaciones era un tema “turbio”, ya que se trataba de blanqueo. El PP valenciano insiste en que, de momento, no actuará contra sus concejales, y comienza a presionar a Barberá para que “dé la cara”. Fruto de estas presiones, Rita Barberá 'habla' por primera vez y lo hace por medio de un comunicado en el que descarta que se haya producido blanqueo y asegura que todas las donaciones se hicieron “desde la legalidad”.
3 de febrero.- El Partido Popular valenciano sondea por primera vez la posibilidad de cambiar de nombre y de siglas, una propuesta que no acaba de gustar en Génova. Alfonso Novo descarta renunciar a su acta de concejal, a pesar de que el juez mantiene su imputación y la de otros 14 ediles, así como la de una veintena de asesores y exasesores.
4 de febrero.- El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau apunta a la todavía senadora al decir que Barberá “alguna cosa sí sabía” de la supuesta financiación irregular del partido en la ciudad. Además, Rajoy se muestra (aparentemente) contundente sobre el tema de la corrupción, “esto se acabó y aquí ya no se pasa por ninguna”, aunque sin llegar a tomar ninguna decisión. Ese mismo día, Compromís denuncia al PP ante Fiscalía Anticorrupción por “asociación ilícita”.
5 de febrero.- Joan Ribó suspende a Luis Salom, asesor del grupo popular que también trabajó con Barberá tras confirmarse su imputación judicial, a pesar de las críticas del PP. Por su parte, la ruptura de Barberá con Alfonso Grau también supone una especie de 'espada de Damocles' por causas como Nóos.
7 de febrero.- Cientos de personas se manifiestan en Valencia convocadas por diversos colectivos contra la corrupción al grito de “Rita Barberá no nos representa”.
8 de febrero.- La exconcejal de Cultura y exasesora de Barberá María José Alcón reconoce, en sendas entrevistas a OK Diario y Las Provincias haber blanqueado 1.000 euros, condición que se le puso para poder ir en las listas del partido, en contraposición a las declaraciones de los concejales ante el juez, que siguen negando esa práctica.
9 de febrero.- El Partido Popular retira a la exprimera edil de la presidencia de la comisión constitucional aunque la mantiene como vocal en dos comisiones y la sitúa en la Diputación Permanente, blindándola ante un eventual adelanto electoral. Podemos pide la expulsión de la senadora de la Cámara y su comparecencia en las Corts para dar explicaciones ante su posible implicación en la operación Taula.
10 de febrero.- La jornada comienza con unas declaraciones de Alberto Fabra en la Cadena Ser en las que apunta, tras las detenciones e imputaciones derivadas de la Operación Taula, que ahora entiende “por qué había gente en el PP que se oponía a las líneas rojas”, entre quienes se encontraba Barberá. Por otro lado, senadores populares abogan porque la exalcaldesa de Valencia renuncie a su acta para reducir la “presión” sobre el partido.
11 de febrero.- Isabel Bonig critica la decisión de blindar a Barberá en el Senado e insta a la senadora a que dé la cara ante un hecho “muy grave” producido en el ayuntamiento cuando ella era la máxima responsable, unas palabras que se suman a la de otros representantes, como la vicepresidenta Mónica Oltra, que censura el 'doble blindaje' -por su condición de senadora territorial y como miembro de la Diputación Permanente- a la exalcaldesa de Valencia. De igual forma, el grupo municipal de Compromís en Valencia aporta más facturas de alcaldía de la época de Barberá ante Fiscalía, que estudia solicitar su imputación en el contexto del 'Ritaleaks'.
12 de febrero.- Rita Barberá se mantiene 'atrincherada' en su escaño del Senado -su propio partido reconoce que no le ha pedido su acta-, salvaguardada de las amenazas de casos como Imelsa o 'Ritaleaks'.