Un presunto delito de revelación de secretos, otro de revelación de actuaciones fiscales o judiciales secretas y uno de coacciones or impedirle el ejercicio del derecho fundamental del sufragio pasivo, estos son los argumentos que ha esgrimido el presidente titular de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, para querellarse contra la diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, la responsable política que denunció ante la Fiscalía el conocido como 'caso Imelsa'.
El también conocido como 'Caso Rus' o 'Dipu Gate' contiene entre el material aportado por la diputada 10 horas de grabaciones con presuntas conductas corruptas de diversos responsables del PP. En ellas aparecería el presunto autor de los audios, el ex gerente de Imelsa y hasta ahora único imputado en el caso, Marcos Benavent, así como también el propio Rus, la ex concejala del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, o el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Máximo Caturla.
Alfonso Rus ha presentado así la primera querella con la que ha amenazado, pero también tendría intención de -según sus propias palabras- llevar ante los tribunales a los medios de comunicación que han destapado y/o publicado los presuntos casos de corrupción en los que estaría el todavía alcalde de Xàtiva, suspendido de militancia por el PP.