Sonia Diaz, directora de la Agencia Tributaria Valenciana: “La armonización fiscal no es perder autonomía, es tener unos parámetros de coherencia tributaria”

Sonia Diaz es inspectora de tributos desde 2002. Desde entonces, ha pasado por todos los departamentos de la administración valenciana de tributos, hasta ser nombrada en febrero directora de la Agencia Tributaria Valenciana por la Generalitat. Díaz es licenciada en Economía por la Universitat de València, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura, ocupando el primer puesto de su promoción. Pertenece, además, a la Unidad Investigadora de Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Desde su llegada ha puesto en marcha el primer plan plurianual de la Agencia, con dos objetivos fundamentales: acercar la administración al contribuyente y perseguir el fraude fiscal, “una actuación insolidaria” que no se puede permitir.

Cauta en sus respuestas, recibe a elDiario.es en su despacho, desde donde insiste en la necesidad de un proceso de “armonización fiscal” que acabe con la “competencia desleal” entre territorios y las desigualdades entre ciudadanos.

¿Cuál es el objetivo de tener una Agencia Tributaria propia?

Cumplir con el artículo 31 de Constitución Española, que indica que todos contribuirán al mantenimiento del gasto público. La agencia hace que cada obligado tributario cumpla con ese mandato constitucional y por supuesto luchar contra el fraude. Asistir al contribuyente en sus obligaciones, ser tenaz en la lucha contra el fraude y ser voraz contra los embusteros tributarios; el fraude es una actuación insolidaria que no podemos permitir.

Nunca había escuchado “embustero tributario”.

El concepto de embustero supera al mentiroso, este último puede mentir porque desconoce, puede equivocarse, aunque el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. Cierto es que los tributos que gestiona la agencia tributaria valenciana son no periódicos; todo el mundo sabe que tiene que hacer la declaración de la renta, pero las nuestras son actuaciones muy puntuales -un fallecimiento, una gran compra- y esa máxima del derecho no siempre se cumple. Embustero es el que miente a sabiendas de que lo está haciendo y busca un fin.

¿Qué se encontró cuando llegó a la Agencia?

Aunque la denominación como agencia es nueva, tiene como antecedente el Instituto Valenciano de Tributos. Me nombraron directora el 8 de febrero y me encontré con mis compañeros; soy inspectora de tributos desde 2002 y he pasado por todos los departamentos, tengo una visión transversal de esta agencia. El reto que me planteo es un cambio de filosofía interno y externo. Pretendo que los departamentos se cohesionen y dialoguen entre sí para ser más productivos, organizamos reuniones mensuales. El segundo aspecto es la planificación estratégica, este año hemos publicado el primer plan plurianual, nunca antes habíamos tenido objetivos estratégicos, programas para desarrollarlos e indicadores que los midan. Mi máxima es que exista transparencia radical, la información está para tomar decisiones. También me planteo un cambio de filosofía, tender la mano al contribuyente para que se acerque a nosotros, que sepa que estamos para ayudarle en el cumplimiento de sus obligaciones. Y por último, la lucha contra el fraude desde todos los departamentos, es el comportamiento más antisolidario que existe, con las cartas de recordatorio del impuesto de patrimonio, cobrando el pendiente de cobro para que no prescriba y desde el departamento de inspección, que lo hace de forma intensiva.

Crearon un grupo de trabajo con la Agencia Tributaria en 2017 y tienen unas 60 investigaciones abiertas. Entendemos que la relación es buena.

Una de las actuaciones mas importantes ha sido contra las deslocalizaciones ficticias, esos defraudadores que se van a otra comunidad de forma ficticia porque tiene una tributación más amable, pero sin embargo siguen residiendo aquí. Ese comportamiento no se puede tolerar.

Actuaciones puntuales de deslocalizados se han hecho siempre, pero nunca como un programa concreto de control tributario. En 2017 se creó un grupo de trabajo para cambios de domicilio y para el impuesto de Patrimonio y desde entonces se han ido abriendo expedientes. Ese año se abrió un expediente de 14 millones de euros, que se cerró en 2019. Así, hasta 22 en 2019. Ya se han cerrado cinco, con buenas estimaciones; uno, el de los 14 millones de euros, dos en los que acreditamos que la deslocalización era irreal y otros dos por previsión de resultados antieconómicos. Los medios son escasos y hay que priorizar. De hecho, hay una proposición no de ley reciente donde prácticamente todos los grupos abogan por reforzar la Agencia Tributaria. El resto de expedientes están en fase de cambio de domicilio.

¿Cómo realizan las investigaciones?

En la fase de investigación buscamos indicios de que el contribuyente reside en la comunidad, investigamos cuentas bancarias, tarjeta sanitaria, gasto farmacéutico, la escolarización... indicios de la vida cotidiana que refuerzan el arraigo. Es una labor casi policial. Para entrar en la segunda fase, cuando estamos al 99% seguros, pedimos colaboración a la agencia estatal, a la Seguridad Social, el Registro Civil o a la Policía. Incluso a farmacias o consejerías de Sanidad. Ahí pedimos el cambio de domicilio [fiscal], donde la Agencia Tributaria ejerce de intermediario. Esto conlleva la regularización de impuestos no tributados, comprobación de sucesión a los herederos -si fallece la persona- y sanción. La Agencia estatal también toma partido y regula la parte de la renta.

¿A qué comunidades miran para encontrar defraudadores?

Los 22 expedientes que acabamos de cerrar y los 38 que investigamos en 2020 se han localizado en la Comunidad de Madrid. No quiere decir que no tengamos otras en la recámara, hay otras comunidades donde esa presunta competencia desleal, lo que se conoce como dumping fiscal, se da, como las comunidades forales, La Rioja, Cantabria o Andalucía, que tiene muy bonificado el impuesto de sucesiones. Hemos empezado por Madrid, pero que nadie se duerma en los laureles, porque vamos a ir a por todas las deslocalizaciones ficticias. Incluso cruzaremos el charco y nos iremos a por los extranjeros, si residen durante más de 183 días en la Comunitat Valenciana.

Precisamente son las comunidades más ricas las que se permiten bajar los impuestos a las grandes fortunas

Las que tienen mayor músculo económico, que se puede medir de distintas formas. La estructura del sistema de financiación es un punto clave, una reforma que tanto se demanda. Todo el mundo sabe que estamos a la cola, el punto de partida es el cambio del sistema de financiación, necesitamos que tenga en cuenta las singularidades de la Comunitat Valenciana. Luego está el factor de capitalidad, el régimen foral... Eso permite mayor músculo y que se permitan bajar los impuestos.

Crea una desigualdad considerable entre ciudadanos y territorios.

Genera lo que se denomina una competencia desleal, presuntamente, ese dumping fiscal entre las comunidades que pueden y la que no. El perjudicado es nuestro contribuyente; tú, yo, todos.

¿De esos 60 expedientes, tienen previsión de recaudación?

Es complicado. Este gran expediente de 14 millones de euros aunaba dos impuestos, patrimonio y sucesiones, y tenía un patrimonio de vértigo. El resto de expedientes, si son sólo de Impuesto de Patrimonio, pueden bajar. Con un patrimonio no exento de 10 millones de euros podríamos recaudar 160.000 euros, que habría que multiplicar por los años que fuera, pero no todos son grandes patrimonios. Nos estamos centrando en actuaciones de, como mínimo, un millón de euros. También es importante el efecto inducido, esos patrimonios que ven que a sus amigos la Agencia Tributaria les llama al orden y voluntariamente regularizan su situación, sin sanción.

¿Hay un perfil de defraudador?

Gran patrimonio, edad avanzada, de unos 50 años, y también contribuyentes con pocas rentas del trabajo, sino de capital mobiliario e inmobiliario. Hombres y mujeres, casi a la par en proporción. A veces hay matrimonios, pero no siempre se deslocalizan los dos, suele ser un indicio. Cierto es que no todas las deslocalizaciones son ficticias, pero hay que luchar contra las que lo sean. Es una cuestión de responsabilidad: si disfrutas de los servicios de nuestra comunidad, de sanidad, de infraestructuras... tienes que tributar en nuestra comunidad. 183 días es el límite que marca la ley.

¿Debería hacerse pública la lista de defraudadores?

Es una de las enmiendas que se debaten en las Corts Valencianes. A nivel estatal se hace. En principio, si así se aprueba, no habría problema, con todas las garantías legales y con seguridad jurídica. La transparencia radical es fundamental.

¿Qué relación tienen con la Agencia Antifraude?

Nos relacionamos más con la Agencia Tributaria, por lo que establece la ley tributaria. Con Antifraude nos relacionamos cuando nos lo requieren. La información tributaria está sujeta a esta ley.

Aunque es un concepto que desde hace tiempo se critica desde el Gobierno autonómico, el pacto presupuestario con Esquerra Republicana ha traído el dumping fiscal a la actualidad. ¿Hay alguna forma de evitar que una autonomía bonifique al 100% un impuesto?

El punto de partida es el sistema de financiación, pero también la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades autónomas y la ley de cesiones. Establecen las bases y las competencias para legislar. Actualmente tenemos tres impuestos cedidos y sobre ellos tenemos capacidad normativa: modificar escalas e implementar beneficios fiscales. Esa autonomía financiera no se puede romper. En la otra cara de la moneda, esa competencia en sentido extremo origina la situación actual, que exista la presunta competencia desleal, porque las comunidades autónomas con músculo financiero pueden permitirse bajar los impuestos bonificándolos. Otras comunidades como la valenciana, a la que el sistema de financiación no ayuda, ni tiene ese músculo económico... Esa autonomía que tenemos debería compatibilizarse con la armonización fiscal; no es perder autonomía, es tener unos parámetros de coherencia tributaria. Y tienen que cumplir con la progresividad tributaria, igualdad de oportunidades y solidaridad tributaria para que no exista ese riesgo de competencia desleal. Por lo menos horquillas de mínimos en los impuestos cedidos para que todos los ciudadanos juguemos con las mismas cartas. El problema es que hay fraude, podemos llamarlo como consideremos, pero es una realidad que acredito con 60 expedientes abiertos y casi mil contribuyentes en una situación parecida.

Sin embargo, los técnicos del ministerio de Hacienda -Gestha- dudaban de que estadísticamente existiera ese cambio de domicilio por cuestiones fiscales.

Yo no hablo de estadística, hablo de números reales. Las estadísticas están muy bien, pero nosotros trabajamos con hechos probados y hay 60 expedientes sobre deslocalización ficticia. Son pruebas, hechos consumados.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, también opinaba que el dumping no existía porque era ilegal.

Bueno, como técnica, no voy a valorar posicionamientos políticos, hablo de hechos, de deslocalizaciones por tributación amable. Los hechos están ahí.

¿Hace falta hacer más pedagogía con los impuestos?

Por supuesto. Es importante inculcar a los contribuyentes que para mantener el Estado de Bienestar, y la pandemia ha puesto de manifiesto que los servicios públicos son fundamentales, hay que contribuir en función de nuestra capacidad económica. Hay que pedir un mayor esfuerzo a quien mayor capacidad económica tiene. Y enseñar que el que defrauda no es inteligente, es antisolidario y obliga a los demás a tributar con mayor esfuerzo; es totalmente reprochable. Hay que romper el discurso de la picaresca y creo que está cambiando.

Comentaba que los grandes defraudadores tienen su renta proveniente de capital mobiliario e inmobiliario, también por herencia, no de rentas del trabajo. ¿Las personas que han acumulado tanto patrimonio no deberían incorporar a su razonamiento que su riqueza no proviene de la nada, sino del trabajo de otros, y se nutre de las infraestructuras y otros medios del Estado? Recuerdo un artículo en El Confidencial sobre la carga fiscal, que concluía que en España contribuyen más las rentas del trabajo que la aportación de las sociedades.

Patrimonio y sucesiones muestran capacidad económica diferente; de quien detenta el patrimonio y de quien recibe por legado bienes y derechos. El discurso de no pago por la herencia porque mi padre la pagó rompe con el discurso de la igualdad de oportunidades.

Uno tiene bienes y derechos porque tiene las circunstancias, bien porque otros te han permitido tener, bien porque el Estado te ha permitido tener. No es solo tuyo, hay más factores que ayudan a que exista la riqueza. Se pide mayor esfuerzo fiscal a rentas del trabajo que a otras rentas.

¿Qué le parece la reforma fiscal del Pacto del Botánico? ¿Es partidaria de pedir un esfuerzo a las rentas altas?

La propuesta de ley la elabora la dirección general de tributos. Los partidos son soberanos para legislar lo que crean mejor Nosotros ejecutamos y aplicamos. Mi opinión no es importante, la importante es la de los dirigentes elegidos democráticamente y yo cumpliré con la ley y con la lucha contra el fraude, es una cuestión de fidelidad a mi puesto.