La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado suspender sin fecha el juicio que iba a arrancar este jueves al considerado como 'cerebro' financiero del saqueo en las cuentas de la depuradora de Pinedo (Valencia), Jorge Ignacio Roca Samper, en espera de que se reciba una serie de documentación solicitada a Andorra por comisión rogatoria.
Según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas, se trata de una serie de pruebas relativas a movimientos de dinero en Andorra con las que resulta imprescindible contar para proseguir con el enjuiciamiento de esta pieza separada del 'caso Emarsa' por la que Roca afronta hasta 5 años de cárcel por blanqueo, igual que el empresario Vicente Gil Usedo y sus hijos Vicente y María Yolanda Gil Blay, que también se sientan en el banquillo
El propio Roca ha declarado a los medios a la salida de la Audiencia Nacional que su defensa ha solicitado además, librar una comisión rogatoria a Moldavia, el país desde el que fue extraditado a España para el primer juicio que afrontó sobre el saqueo de Emarsa y por el que fue condenado en la Audiencia Provincial de Valencia a seis años y un día de cárcel, para sustentar su solicitud de que se anule este nuevo procedimiento.
En concreto, sostiene que mientras la Fiscalía considera que en su extradición firmó que regresaba a España para ser juzgado por cualquier delito que tuviera pendiente, esto no fue así o él no fue consciente. “Yo no acepté ser juzgado por todos los delitos que quisieran, no les di barra libre. ¿Por qué se la iba a dar si me costaba lo mismo no hacerlo?”, ha planteado para subrayar que la petición de entrega a Moldavia no se cursó por el delito de blanqueo por el que ahora se le quiere enjuiciar.
Segunda suspensión
El Ministerio Público solicita para él 5 años de cárcel por los presuntos trabajos ilícitos prestados a la empresa valenciana dedicada al mantenimiento, explotación y conservación de la depuradora de Pinedo --donde van todas las aguas residuales de Valencia y otras ciudades y pueblos limítrofes-- y el traspaso de fondos entre distintas cuentas para introducirlos en el circuito económico legal. Mientras, Vicente y María Yolanda Gil Blay, contribuían a “ocultar las ganancias ilícitas obtenidas de la actividad delictiva” desarrollada por Roca.
Esta vista oral estaba prevista para el 19 de noviembre de 2018, cinco meses después de conocerse la sentencia del tribunal valenciano por el desvío de 24 millones de euros de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo; pero se tuvo que suspender ya que Roca Samper, que se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares a por este procedimiento, no pudo ser trasladado desde el centro penitenciario por la huelga de funcionarios de prisiones.