La comisión de seguimiento del Acuerdo del Botánico considera que las rupturas municipales son casos puntuales que no empañan el espíritu del pacto. Desde los partidos que conforman el gobierno progresista, tanto de la Generalitat Valenciana como en otros niveles administrativos, se hace hincapié constantemente en que el pacto está “a prueba de bombas”. Pero ese pacto no goza de la misma fortaleza a nivel municipal, donde son varios los focos de inestabilidad en el acuerdo entre PSPV, Compomís y Unides Podem.
En los últimos días ha crecido la tensión a cuenta de los presupuestos en el ayuntamiento de Teulada (La Marina Alta), donde la alcaldesa de Compromís, Rosa Vila, ha destituido a los dos concejales del PSPV del gobierno local por bloquear las cuentas públicas junto al PP. El nuevo organigrama aúpa a un concejal no adscrito como teniente de alcalde e incorpora a dos concejales de Compromís, que quedará gobernando en minoría. A este foco se suma el de Agres (El Comtat), donde se presentó en Nochebuena una moción de un concejal del PSPV con el PP para tumbar la alcaldía de Compromís. El ya alcalde, Rafael Sanjuán, se dio de baja del PSPV y Gobierna un pueblo de 500 habitantes como tránsfuga con el apoyo del PP. Una maniobra similar se repitió en Cortes de Pallás (Valle de Cofrentes), donde dos concejales de Compromís se dieron de baja del partido para aliarse con el PP contra el alcalde socialista. El nuevo alcalde, David Herrera (expulsado de Compromís) cederá la vara de mando dentro de año y medio a David Gras, del PP. En Pego (La Marina Alta) y Massalfassar, los socios en la Generalitat también evidenciaron su ruptura y Compromís quedó fuera del Gobierno local.
Pero el caso que más preocupa a la coalición valencianista, la más afectada numéricamente por los cambios de posición, es el del ayuntamiento de Sueca. En el municipio de 27.000 habitantes, el más grande donde ha habido ruptura hasta la fecha, los socialistas pactaron con PP y Ciudadanos la alcaldía en lugar de con Raquel Tamarit, la candidata de Compromís, que lideró la lista más votada, pese a las advertencias de la Ejecutiva. Dimas Vázquez y los seis concejales socialistas llevan expedientados desde junio de 2019 por contravenir lo acordado en la Mesa del Botánico que extendía el acuerdo de la Generalitat a todos ámbitos de gobernanza. De momento, el expediente no se ha resuelto y el PSPV manifestaba este lunes que “se resolverá en los próximos meses”.
Pese a esta decena de casos, la mayoría en pequeños municipios, los dirigentes de PSPV, Compromís y Unides Podem insisten en que el modelo del Botànic “sigue funcionando bien en la inmensa mayoría de los ayuntamientos” y supone “la mejor vía para avanzar en las políticas de progreso, también en el ámbito municipal”. Los representantes municipales en la reunión de seguimiento celebrada este jueves consideran que el acuerdo “se está demostrando solvente” en este segundo mandato progresista y consideran que las discrepancias son “casos muy puntuales que no empañan el espíritu de acuerdo global de las tres fuerzas políticas”.
En el encuentro de este jueves, casi por sorpresa, Unides Podem planteó un último punto relacionado con los presupuestos de Alicante, con un paco de gobierno entre PP y Ciudadanos apoyado por Vox. El concejal de Podemos Xavier López reclama a sus socios que no apoyen los presupuestos de la derecha y criticó la negociación del PSPV con PP y Ciudadanos, con un preacuerdo sobre la mesa. Por su parte, los socialistas defienden que su acuerdo ha conseguido retirar la medida que sanciona a las personas que viven en la calle y aumentar el presupuesto para políticas sociales frente al criterio de la ultraderecha. Los morados no están especialmente contentos con el mensaje de Ximo Puig a finales del pasado verano, en el que el dirigente socialista instaba a sus representantes municipales a no obstruir la gobernabilidad.