La transferencia de activos de la Sareb al Gobierno autonómico cubriría la demanda registrada de vivienda pública en la Comunitat Valenciana. El vicepresidente segundo de la Generalitat y titular de Vivienda, Héctor Illueca, ha solicitado al Gobierno central que le permita gestionar los inmuebles del banco malo en el territorio valenciano dado que “posee un enorme stock inmobiliario que podría dar respuesta a las necesidades derivadas de la emergencia residencial que sufre nuestro país”.
El Consejo de Ministros del 18 de enero aprobó el cambio de estatus del banco malo, la sociedad que absorbió los inmuebles de la banca rescatada en 2012. La entidad mantendrá su titularidad privada pero el Estado tendrá el control accionarial -hasta la fecha, poseía un 45%- y de los salarios de la cúpula. A través del fondo de rescate bancario (el FROB), el Estado asumirá los 35.000 millones de euros de deuda de la entidad, tras la orden de Eurostat.
Según su portal, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Económica Bancaria (Sareb) tiene a la venta 8.600 viviendas en la Comunitat Valenciana, sin contar solares y otros edificios anejos. Casi la mitad de los inmuebles se concentran en la provincia de Valencia. Además, el banco malo suma 4.891 obras en curso y 2.473 terciarios y no contempla los inmuebles en proceso de adquisición en estos datos.
La demanda de vivienda pública en la Comunitat Valenciana abarca un amplio espectro. En 2019, la web Infohabitatge llegó a tener cerca de 27.000 solicitudes, tanto de personas interesadas en alquiler y compra en el mercado libre como en acceder a una vivienda de promoción pública. En el registro de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), exclusivamente para vivienda pública, las solicitudes superaron las 13.400 en el mismo año. Según la Generalitat, en el registro se daban una serie de duplicidades que lo hacían poco operativo, como que varios miembros de la misma familia realizaran la inscripción.
El pasado agosto la conselleria que dirige Héctor Illueca aprobó un decreto de creación de un nuevo registro, que unifica la oferta y la demanda de vivienda del parque público. El portal se presentó en octubre y pretende ser similar al de una inmobiliaria, pero con mediación de la Administración pública para ajustar las necesidades de vivienda y ejercer de asesor y mediador.
En los cuatro meses que el portal lleva en marcha se han inscrito 4.000 solicitantes de vivienda pública. La inscripción en el registro se efectúa exclusivamente de forma telemática y estructura en torno a la unidad de convivencia, formada por una única persona o varias, sin que sea necesario que exista una relación de parentesco.
Las personas inscritas en el anterior registro deberán renovar la suscripción y cuentan con un plazo que vence el 31 de marzo de 2022. El registro “también incide sobre la demanda de viviendas, modernizando la tarea de atención y seguimiento de las solicitudes de vivienda asequible que recibimos, lo que nos permitirá agilizar nuestro ritmo de atención a la ciudadanía”, apuntó Illueca en la presentación. El decreto regula el Inventario de viviendas protegidas, en el cual se inscribirán todas las viviendas de protección pública, sean de titularidad pública o privada, en el plazo de un mes desde su calificación provisional.