El Gobierno valenciano presenta una batería de medidas para combatir la inflación y una reforma fiscal que rebaje la presión en las rentas menores de 60.000 euros. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha deslizado cerca de 80 puntos en el debate de política general, la cita que da inicio al curso político y aborda los principales retos del año.
Entre las medidas destacan bajadas de tasas, refuerzo de transporte público, fomento de las energías renovables y políticas de apoyo al empleo. El transporte público en la Comunitat Valenciana será gratuito para los menores de 30 años desde el 9 de octubre y hasta finalizar el año. La medida, especialmente pensada para los estudiantes, supone un ahorro medio de unos 135 euros por joven, según estima el Consell, y afectará a metro, tranvía y bus. En la Comunitat Valenciana hay cerca de un millón de personas menores de 30 años.
Para el mismo grupo de población, el Consell prepara un plan de empleo con 200 millones de euros “en el próximo curso”, que incluirá un incremento del 50% en los programas de contratación de jóvenes, hasta 57 millones de euros. Además, ha indicado el presidente, en octubre se comenzarán a pagar las ayudas del bono joven de alquiler. El ejecutivo autonómico anuncia una nueva normativa en vivienda para acelerar la colaboración público privada y un concurso de solares para la construcción de un millar de viviendas.
Agilizar las renovables
El jefe del Consell considera que la batalla contra la inflación va de la mano de la transición energética justa. Así, el president ha comunicado la intención de convertir la autonomía en “un polo de movilidad sostenible” y un “tractor de la compra pública innovadora”. Puig ha anunciado que reclamará al Gobierno agilizar los trámites de instalación de renovables para que se puedan ejecutar en un año, declarándolos de interés público prioritario, y ha insistido en el objetivo de que en 2030 “todos los edificios valencianos, públicos y privados, tengan una instalación solar”. En paralelo, el Consell complementará las ayudas a los sectores industriales dependientes del gas, especialmente la cerámica, y reclamará al Gobierno y a la Unión Europea incrementar el apoyo económico.