Los tribunales han dado la razón a los recursos contencioso-administrativos presentados por 800 trabajadores de la Generalitat Valenciana -y coordinados por Intersindical- por medio de los cuales reclamaban el cobro de la paga extra de 2012, incluidas entre las retribuciones básicas del personal empleado público que fue anulada por el Real Decreto Ley 20/2012 del Gobierno de Mariano Rajoy.
La sentencia, del juzgado número 8 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia contra la que no cabe recurso, se basa, como otras que se han conocido últimamente, en el principio general del derecho de no retroactividad de las normas siempre que no se dicte expresamente lo contrario, “cosa que no sucedió con este decreto”.
Debido a que el RDL 20/2012 se publicó el 15 de julio, cuando habían pasado 44 días del devengo de la paga extra (entre el 1 de junio y el 14 de julio), la Administración debía haberla hecho efectiva.
La sentencia afecta al personal de la Administración General, Educación y Sanidad. Además, el pasado 3 de abril se conocían dos nuevas sentenias, también instadas por Intersindical Valenciana, por las que se reconocía el derecho de todo el personal de la Administración de Justicia a recibir la totalidad de la paga extra, “ya que las normas a ellos referidas son diferentes”.
Teniendo en cuenta que contra la sentencia no cabe recurso, el sindicato solicita al Consell que “no ponga obstáculos” al cobro de los 44 días a todo su personal en activo en 2012, unos 120.000 personas de los sectores afectados (Administración de la Generalitat, Sanidad y Educación), y estiman que el coste de esta medida es de unos 40 millones de euros.