El exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, será procesado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) después de que el alto tribunal haya rechazado el recurso de apelación-nulidad presentado por el exdiputado autonómico contra el auto de procesamiento por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio respecto a un presunto fraude en 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en cuantía superior a 120.000 euros.
Según explica Europa Press, el auto requiere a Díaz Alperi y el resto de empresarios imputados el pago de las responsabilidades económicas que pudieran ser declaradas, que en el caso del exalcalde de Alicante ascienden a 1,4 millones de euros.
En cuanto al cohecho impropio, se refiere a que el exdirigente popular no pagó el amarre de su embarcación en la Marina Deportiva del Puerto de Alicante -entre 2008 y 2013- y también se procesa al gerente de la instalación por entender que se le permitió personalmente de forma gratuita “en consideración a su influencia en la ciudad y su condición pública”.
Recurso
Con su recurso, Díaz Alperi solicitba la apelación-nulidad del apartado IV del auto de apertura de juicio oral y, en concreto, respecto al acuerdo de practicar una prueba anticipada (un requerimiento a una entidad bancaria para dar información sobre retiradas de efectivo) al considerar que el instructor carecía de competencia funcional para acordar la práctica de dicha prueba.
En su resolución el TSJCV argumenta que el auto de apertura de juicio oral resulta “irrecurrible”, salvo supuestos previstos por ley, y añade que la propia resolución en su parte dispositiva reitera que no cabe recurso alguno contra la misma. En consecuencia, considera que no hay lugar para el recurso de Alperi.
La denuncia
La causa partió de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior contra Díaz Alperi en la que el ministerio público -en base a un informe de la Agencia Tributaria- ponía de manifiesto pagos dudosos avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 que podían constituir tres delitos contra la Hacienda Pública, así como de falsedad en documento mercantil.
El exalcalde está imputado también por los supuestos delitos de revelación información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en la causa separada del 'caso Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante.