La ultraderecha no consigue el apoyo para presentar una ley de señas de identidad y vetar el término “País Valenciano”

La iniciativa legislativa popular que reclamaba sancionar el uso del término País Valenciano, prohibir las subvenciones a entidades que lleven esta denominación o negar la existencia de una cultura común entre la Comunitat Valenciana, Catalunya y Baleares no consigue los apoyos necesarios para tramitarse. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana dio un plazo de ocho meses a su impulsor, el exfalangista y exdirigente de extrema derecha Juan García Sentandreu, para recabar un mínimo de 10.000 firmas e iniciar la tramitación. La pasada semana la Junta informó a las Corts Valencianes de que no se había superado el listón y, por tanto, la propuesta queda archivada. El plazo venció el 22 de agosto.

El texto para impulsar una ley fue registrado por Sentandreu, un ultra que fue candidato falangista en los ochenta y dirigió el colectivo anticatalanista GAV en los noventa. La iniciativa proponía una revisión de la ley de Señas de Identidad que impulsó el PP valenciano, y pedía considerar una falta administrativa e “ilegal” el uso de la denominación País Valenciano, con las correspondientes sanciones administrativas. “Ninguna entidad, academia, universidad o centro docente, tenga carácter público o privado (...), puede cuestionar lo que se expresa aquí”, afirmaba la propuesta, que recogía la existencia de supuestos “delitos de odio” respecto a estos asuntos. “Cualquier delito contra las personas, las propiedades o las señas de identidad recogidas en esta ley, fomentado, promovido o incitado, directa o indirectamente por el catalanismo, tiene consideración de delito de odio o de discurso de odio”, planteaba la iniciativa.

La norma contó con el apoyo de la Mesa de las Corts Valencianes, presidida por la dirigente de Vox Llanos Massó. Pese a las lagunas legales que planteaba -ilegalizar un término recogido en el Estatut d'Autonomía-, la ultraderecha dio el visto bueno a su tramitación. Los partidos de izquierdas, PSPV y Compromís, denunciaron que la ley supone una persecución política y la criminalización de la oposición: “Se tramitan cuestiones contrarias al Estatut d'Autonomia, que consideran delito el mismo cumplimiento de la ley”, subrayó la diputada socialista Mercedes Caballero. La diputada de Compromís y secretaria de la Mesa, María Josep Amigó, censuró: “Vulnera las libertades garantizadas por la Constitución y el Estatut d'Autonomia”. 

La iniciativa legislativa es un calco de la que el exfalangista propuso en 2008 y que no fue admitida a trámite por la cámara autonómica. Entonces, el Parlamento con mayoría del PP se opuso a la tramitación junto a los socialistas, alegando que el texto pretendía modificar el Título Primero del Estatut d'Autonomia. Más de una década después, el anticatalanista resucitó la propuesta corrigiendo defectos formales -aún con su dudoso encaje constitucional- para poder salvar el informe de los letrados de las Corts Valencianes. En este caso, los letrados dieron el visto bueno a los aspectos puramente formales, dejando el estudio jurídico al organismo estatutario -el Consell Jurídic Consultiu- y recordaron en su informe que en 2015 el PP aprobó una ley con “contenido similar”. Esta norma duró apenas unos meses y fue derogada por el Gobierno del Pacto del Botánico.

Los populares y Vox acordaron al inicio del mandato impulsar una nueva ley de señas de identidad. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, defendió en 2022 un proyecto para “defender nuestras señas de identidad ante los tribunales en caso de ataques al derecho a la autonomía de la Comunitat dentro de la nación española, o a nuestras señas de identidad propias”. Ambos grupos afirmaron a principios de año estar trabajando en esta cuestión, pero, desde la ruptura del Consell bipartito con la marxa de Vox, no ha vuelto a abordarse la cuestión.