En septiembre de 2019, una DANA destrozó la comarca de la Vega Baja del Segura, al sur de la Comunitat Valenciana. La tormenta dejó seis víctimas mortales, 4.000 personas evacuadas y 678 rescatados, ochenta carreteras cortadas y daños económicos nunca vistos hasta la fecha. El desastre provocó una reflexión en el gobierno autonómico presidido por el socialista Ximo Puig en coalición con Compromís y Unidas Podemos sobre la coordinación de las emergencias en la comunidad autónoma.
En septiembre del año siguiente, en el debate de política general, el presidente anunció la creación de una unidad valenciana de emergencias, que comparó con la UME (unidad militar de emergencias), un cuerpo que estaría dotado de un millar de efectivos, “profesionales dotados de la versatilidad propia de los bomberos forestales, un cuerpo primordial en la pandemia”. Puig dijo: “Necesitamos un instrumento que acelere la respuesta ante una crisis de gran magnitud”.
La Unidad Valenciana de Emergencias se creó por decreto el 22 de febrero de 2023, cuatro meses antes de las elecciones autonómicas. Se definía como “una unidad de gestión de carácter operativo y de coordinación de la Generalitat a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias”, dependiente de la Conselleria de Justicia. Su finalidad era “la intervención y colaboración en cualquier lugar de la Comunitat Valenciana o en apoyo a otras comunidades autónomas junto con las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, u otras necesidades públicas”, con autonomía para obrar.
Se trataba de un organismo de coordinación de los efectivos de bomberos de los consorcios provinciales y emergencias ante la previsión de catástrofes, cuentan fuentes del anterior ejecutivo. El cuerpo especial estaba en fase embrionaria pero ya contaba con presupuesto, instalaciones y se estaba gestionando la compra de equipamiento. Unía a bomberos y forestales para “mejorar la respuesta coordinada en situación de emergencia”, explican estas fuentes, con especial énfasis en los incendios forestales y fenómenos meteorológicos. Tenía funcionamiento autónomo dentro del marco de la gestión de emergencias. Después de 40 años, en el Consell consideraban que había que modificar la respuesta de la Generalitat Valenciana.
La agencia se encontraba en fase incipiente cuando se produjo el cambio de gobierno, dotada con un presupuesto de 9 millones de euros para su desarrollo ese año. De manera directa, contaba con Unidades de Bomberos Forestales (UBF), autobombas forestales y unidades helitransportadas de bomberos forestales, además de otros recursos de coordinación operativa y logística.
La UVE fue el primer organismo público que eliminó el Ejecutivo de PP y Vox presidido por Carlos Mazón, que lo consideró un gasto superfluo, en línea con el plan de adelgazamiento administrativo del presidente popular. Algunos sindicatos de bomberos –la Plataforma de Bomberas y Bomberos del País Valencià–, argumentaban que la unidad “duplicaba” el trabajo de los consorcios. Las fuentes del anterior Ejecutivo defienden que era un organismo de coordinación.
La consellera de Justicia que impulsó la derogación, Elisa Núñez, de Vox, prometió aportar “estabilidad, profesionalización y soluciones audaces que reviertan la situación penosa y endiablada que ha dejado el Botánico en materia de emergencias” y consideró que el cuerpo era una duplicidad que añadía “más complejidad a la gestión de las emergencias en la Comunidad Valenciana”. El partido de extrema derecha consideró que el cuerpo “no ayudaba a redefinir ese modelo, sino a empeorarlo y a complicarlo aún más y solo suponía ahondar en la descoordinación y en el desastre”. El presidente de la Generalitat ha defendido este miércoles que “solo era un organismo ficticio más, con cero bomberos más, cero medios materiales más y cero eficiencia”, ante las críticas por su eliminación.