Vivienda y Políticas inclusivas diseñan una ley para reducir las brechas sociales en los entornos urbanos

Las desigualdades sociales y la segregación residencial son dos fenómenos que se dan la mano y se retroalimentan. En los entornos urbanos contemporáneos, la segregación no solo refleja las diferencias sociales, sino que contribuye a agravarlas; el lugar de residencia y la propia vivienda tienen impacto en la educación, las oportunidades laborales y la salud de quienes la habitan. Lo que el profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona Oriol Nel·lo analiza en Efecto Barrio (Tirant lo Blanch, 2021) parece haber impactado en las dos vicepresidencias del Gobieno valenciano.

Los departamentos que dirigen Mónica Oltra y Héctor Illueca, competentes en Políticas Inclusivas y Vivienda, respectivamente, han elaborado un proyecto de ley que pretende incidir en esas dinámicas de segregación. La ley de barrios, que se acordó tramitar por la vía urgente en el Consell, organiza los barrios desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico y social, haciendo un estudio de las necesidades de cada zona e incidiendo en las especialmente degradadas. La norma plantea un modelo de ordenación urbana que tenga en cuenta las necesidades de los habitantes de cada zona, su población en cuanto a cantidad y demografía, y proteja los centros urbanos como elementos identitarios.

El Consell pretende destinar cerca de un 1% del presupuesto anual para la regeneración de los barrios más empobrecidos, ya que estima que, con las deficiencias actuales, necesitaría entre 250 y 300 millones de euros en 12 ejercicios para corregir las diferencias territoriales. En la presentación de la norma, Oltra ha indicado que aborda el envejecimiento del parque de vivienda, permitirá agilizar la regeneración de los edificios cerrados y combatirá la desigualdad social, porque “la desigualdad económica tiene más a ver con el distrito postal que con cualquier otra variable y por eso, desde esta ley tenemos que redistribuir las oportunidades”. El texto quiere reforzar las políticas de convivencia, entendiendo como tales fórmulas para la vivienda asequible, servicios y espacios seguros.

Por su parte, Illueca ha recalcado la importancia de incorporar la integración y la equidad en las ciudades, lo que implica “promover un urbanismo pensado de forma global, coordinando estrategias sociales, económicas y medioambientales, en el marco de una auténtica gobernanza donde la sociedad civil sea protagonista”. Así, la norma se proyecta como herramienta jurídica para coordinar las citadas acciones y revertir las dinámicas de desigualdad, priorizándolas en las estrategias urbanas.

El proyecto legislativo, que salió a exposición pública el pasado abril, aboga por garantizar equipamientos que cubran los servicios básicos, potenciar elementos identitarios, rehabilitar tejidos urbanos existentes, fomentar el comercio de proximidad y aumentar las infraestructuras urbanas verdes, hacia un modelo de ciudad más amable y habitable. El texto considera los cascos antiguos y los elementos arquitectónicos como una seña de identidad que proteger.

La ley tiene además otra vertiente desde el punto de vista de la participación y la calidad democrática: fortalecer la vida asociativa y las iniciativas cívicas en los barrios afectados para “fomentar su implicación en los proyectos de mejora de las dotaciones de los barrios y de las condiciones de vida de la ciudadanía”.