El primer ejercicio completo de Unidas Podemos en el Gobierno valenciano apenas ha tenido impacto presupuestario. A un mes de finalizar el año, la consellerias de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, dirigida por Rubén Martínez Dalmau; y la de Participación, Transparencia y Calidad Democrática, dirigida por Rosa Pérez Garijo, no han ejecutado ni una cuarta parte de su presupuesto asignado y se sitúan a la cola en el Gobierno valenciano, según figura en el visor presupuestario.
El departamento de Pérez Garijo explica que cerca de la mitad de su presupuesto corresponde a subvenciones -30 millones de los 54 que tienen asignados corresponden a transferencias-, tanto en partidas de Cooperación como de Transparencia o de exhumaciones en materia de Memoria Democrática, por lo que hasta que las entidades no justifican la ayuda, no se autorizan la transferencia. Según indican, suele retrasarse hasta bien entrado diciembre o incluso enero del siguiente año; y recuerdan que este último mes han asignado 21 millones de euros a cooperación. La conselleria del vicepresidente segundo emplea un argumento similar, y es que buena parte de su presupuesto se destina a ayudas de alquiler, compra o rehabilitación de viviendas, unas líneas que se encuentran aún sin abonar, algunas de ellas ya en la última fase administrativa. Por ejemplo, las ayudas de alquiler, que suponen 24 millones de euros de los 312 de la conselleria están en fase de subsanación de errores. En este mes está previsto incorporar las 75 viviendas compradasa la Sareb recientemente, añaden.
La ejecución presupuestaria es cada año un bache para la gestión del Ejecutivo autonómico y un arma para la oposición, que tilda de ficticias las cuentas no sólo por la previsión de ingresos, sino por la tardanza en finalizar las inversiones. La pandemia, con dos estados de alarma, un confinamiento absoluto durante un trimestre y una emergencia sanitaria y social, ha trastocado las previsiones de todos los departamentos públicos, que se aprobaron en diciembre de 2019 con unas previsiones completamente distintas y ha obligado a trasladar y modificar algunas líneas.
Salvo los citados departamentos, el resto del Consell se mueve en una horquilla de entre el 50% y el 78% de ejecución presupuestaria. A la cabeza están Sanidad, Presidencia, Educación y Universidades -en orden descendente-, aunque los departamentos que dirigen Ana Barceló y Vicent Marzá salen beneficiados en las cifras por la cantidad trabajadores a su cargo. Sanidad destina 3.151 millones de los 7.800 asignados a personal, y otros 3.000 a compra de bienes y gasto de funcionamiento, mientras que Educación destina el 60% del presupuesto a gastos de personal, entre los que están los profesores de centros públicos. El departamento que coordina Carolina Pascual ha pagado una tercera parte de su presupuesto, aunque tiene ya reconocido más del 60% -la estación previa al pago real-. Sin contar el grueso de nóminas de los funcionarios públicos que dependen de estos departamentos, sería el equipo de Ximo Puig el más eficaz en la gestión de su presupuesto (68% de ejecución respecto a lo presupuestado), seguido de la conselleria de Economia Sostenible (67,2%) y casi a la par con la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (66,2%).
En su conjunto, de 23.000 millones de euros de presupuesto, el Consell ha pagado 18.000 millones y tiene reconocidos 19.300. Más de 6.000 millones son gastos de personal y la deuda pública implica otros 7.200 millones de euros.