Vox apoya en las Corts Valencianes una proposición de ley que considera la enseñanza intensiva del valenciano como una “aberración pedagógica”. El partido de ultraderecha, que modificó el reglamento de las Corts Valencianes para que se expusiera esta iniciativa legislativa popular, dará apoyo a la tramitación de la petición de Hablamos Español, que adapta un compromiso electoral de la formación, como reconoce su portavoz parlamentario, José María Llanos. “Es nuestro compromiso, nuestra firme voluntad”, ha reiterado el síndic.
La asociación ha presentado una iniciativa legislativa popular este miércoles en el Pleno de las Corts Valencianes, que, bajo el paraguas de “la libertad de elección” pide reducir las horas lectivas del valenciano. En concreto, la iniciativa apunta que “los padres de los alumnos menores de edad tendrán derecho a elegir la lengua oficial en la que sus hijos reciban la enseñanza” y aplica exenciones para la enseñanza en valenciano. La propuesta legislativa dice que “los alumnos que se incorporen al sistema educativo de la Comunitat Valenciana en un territorio en el que sea obligatoria la enseñanza del valenciano como materia, procedentes de otra parte del territorio nacional o del extranjero, gozarán, a partir del último ciclo de primaria, este incluido, de una exención de la calificación en valenciano en al menos tres cursos académicos”. También que “se tendrá derecho a la exención de cursar la materia de valenciano, previa solicitud al efecto, en los municipios declarados como de predominio de uso del castellano”.
La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, que define la entidad como una “asociación independiente”, asegura: “A ningún grupo parlamentario le interesaba que habláramos de política lingüística”. Lago defendió que su propuesta se basa en sentencias del Tribunal Constitucional y defiende los derechos de los hispanohablantes, al tiempo que considera que el modelo actual de plurilingüismo genera problemas en los alumnos. “La inmersión obligatoria es una aberración pedagógica”, afirmó en el Pleno de las Corts Valencianes. Lago también considera que obligar a estudiar asignaturas no lingüísticas es otra lengua es “negativo”, afecta al aprendizaje y, “en el caso de lenguas romance, [supone] una perniciosa mezcla de códigos”. “Tener más de una lengua no supone más riqueza” cultural, dijo en sede parlamentaria.
Compromís advierte que presentará un recurso institucional porque la medida supone “la muerte del valenciano” y atenta contra el Estatuto de Autonomía. El PSPV ha defendido la diversidad lingüística y su integración, especialmente en las escuelas, donde hay que “garantizar un mínimo del 25%” en cada lengua cooficial.
El PP se ha distanciado de la propuesta apoyada por sus socios de gobierno. El diputado popular Eduardo Dolón, también alcalde de Torrevieja, quien defiende “la libertad educativa”, apunta que “hay matices” que impiden su apoyo a esta iniciativa: en concreto, ocho artículos que “podrían no estar alineados con nuestro Estatuto de Autonomía”. Dolón defendió que en la ley de acompañamiento ya se adoptaron algunas medidas como las que reclama esta asociación y avanzó que el PP va a presentar una nueva ley de plurilingüismo, a lo que la representante de Hablamos Español le reprochó: “Usan la suavidad superficial para esconder una ley que se va a parecer mucho a la legislación en Galicia, que impide que los niños estudien plenamente en una lengua y en la otra”. Después, Dolón le ha pedido que tenga “paciencia y esperanza” porque el PP va a trabajar en esta línea. “Si alguien en esta Cámara ha acreditado que quiere libertad para todos sus padres... es el PP y Vox”, enunció.
El Parlamento valenciano ha escuchado este miércoles a los promotores de otras tres iniciativas legislativas populares, que llevaban pendientes de debate varios años. Se ha escuchado a los promotores de la ILP para una ley de gratuidad de los productos para la menstruación, que busca evitar el agravio económico y hacer accesible el uso de productos de higiene menstrual, además de reducir los residuos desechables, presentada por Esquerra Republicana de Catalunya; también una ILP que busca una ley de adecuación de la ratio máxima de alumnado por aula a las necesidades del sistema educativo valenciano, que pide bajar el número de alumnos por aula, y una ILP para la implantación de la enfermera o del enfermero en los centros educativos no universitarios.