A principios del pasado mes de diciembre, el popular Sergio Vilar le arrebataba la alcaldía de la localidad valenciana de Montserrat, en la comarca de la Ribera Alta, al socialista Josep Maria Mas -que gobernaba en minoría junto a Compromís- después de que prosperara la moción de censura que el PP impulsó junto a Vox y la formación local Aigua. El edil del partido de ultraderecha Juan José Rández se quedaba con las delegaciones de Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana, Nuevas Tecnologías, Comunicación y Cultura, y una de sus primeras decisiones al frente de esta concejalía ha sido vetar a la revista Saó, anulando la suscripción municipal a la decana de las publicaciones en valenciano.
Tal y como ha hecho pública la propia revista, la nueva corporación municipal, “en un breve correo electrónico”, les comunicaba que “desde la Concejalía de Cultura (...) se ha decidido dar de baja con efecto de 1 de enero de 2024 la suscripción que teníamos contratada con vuestra editorial”: Los responsables de la publicación han añadido: “Hasta aquí la decisión del ayuntamiento”, que llega apenas unas semanas después de que el nuevo equipo de gobierno haya tomado posesión de sus cargos.
Desde Saó, “sin entrar a valorar la moción de censura” que se produjo hace poco más de un mes, sí que consideran “sorprendente” la “persecución enfermiza y selectiva al valenciano, y ahora en concreto a la revista Saó, que es la decana de la prensa en valenciano y que está preparando su número 500”. Además, aseguran desconocer si la decisión es exclusivamente de Vox, que asume Cultura, y el PP y el nuevo alcalde “son incapaces de evitar este veto a la revista y al valenciano”. En cualquier caso, prosiguen, es una decisón “sectaria y de odio hacia la lengua que se habla mayoritariamente en el pueblo de Montserrat”.
El primer número de Saó, la publicación periódica en valenciano más longeva de toda la prensa surgida desde el siglo XIX, salió a la calle en julio de 1976 y desde entonces se edita con una periodicidad mensual. La singularidad de esta revista de análisis y reflexión especializada en temática valenciana es, tal y como ellos mismos destacan, que se trata de una publicación fundada e impulsada por sectores cristianos progresistas, “firmemente comprometidos con el valencianismo cultural, la normalización lingüística y social de la lengua y las premisas renovadoras del Concilio Vaticano II basadas en el diálogo de la Iglesia con la cultura, la política y la sociedad”.
Saó constituye “una viva crónica de la sociedad valenciana que gira entorno a dos temáticas, la sociedad y la iglesia; lo que la convierte en una herramienta básica para conocer el estado de opinión en el País Valenciano”.
Un caso más de censura
El caso de Montserrat no es ni único ni el primer veto de la extrema derecha a las publicaciones en valenciano. El primer caso de esta ola reaccionaria contra los derechos lingüísticos lo pudimos ver el pasado mes de julio, cuando el edil de Cultura de Borriana (Castellón), también de Vox, vetó diversas publicaciones en valenciano de la biblioteca municipal presumiendo de ello en redes sociales con un “ha llegado la inquisición”, una decisión que incluso provocó la movilización de los vecinos a modo de protesta. El mismo regidor, Jesús Albiol, censuró posteriormente libros de educación sexual de la biblioteca juvenil municipal por considerarlos “pornográficos”.
Pero hay más ejemplos. La localidad de Torrent, gobernada también por PP y Vox, retiró primero el nombre del fundador del grupo de folk en valenciano Al Tall del auditorio de la ciudad y posteriormente canceló la suscripción municipal a la revista infantil en valenciano Camacuc.
Pero los encontronazos con el valenciano no solo se han producido en los ayuntamientos. El conseller de Educación, el popular José Antonio Rovira, al poco de acceder al cargo cuestionó la legitimidad en materia lingüística de la Acadèmia Valenciana de la Llengua impulsada por Eduardo Zaplana cuando era president de la Generalitat para pacificar el conflicto lingüístico. Y el escritor Manuel Baixauli también denunció censura por parte de la Conselleria de Cultura, en manos del vicepresidente de Vox, Vicente Barrera.