El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha criticado hoy el “enorme robo a los intereses generales” que suponen las presuntas irregularidades detectadas en la facturación del hospital provincial de Castellón por un importe total de 25 millones de euros.
Tras confirmar a los periodistas que la gerencia del hospital ha presentado ante la Fiscalía toda esta “serie de irregularidades”, Puig ha afirmado que en el caso del Provincial de Castellón, dirigido por un consorcio integrado por la Generalitat y la Diputación, “la sombra de Carlos Fabra -expresidente de la Diputación de Castellón- es muy alargada”.
“Fabra y (Javier) Moliner -actual presidente de la Diputación- tienen mucha responsabilidad, pero la tiene también el conjunto del PP, por una manera de hacer política que nos ha llevado a una situación de descrédito y a una hipoteca reputacional que nos costará mucho levantar”, ha añadido.
Según Puig, “una vez más se está demostrando lo que pasó durante tanto tiempo en esta comunidad, que hubo un abuso, una liquidación del interés general en favor del interés privativo de un partido y de unas personas determinadas”.
Saber “quién se ha beneficiado”
“Tenemos que acabar para siempre con esas prácticas, pero lo fundamental en estos momentos es que se sepa la verdad, que se sepa exactamente quién se ha visto beneficiado y que se asuman las responsabilidades políticas que no se han asumido”, ha agregado.
Para el president de la Generalitat, una situación como esta “es verdad que no tiene nada que ver con el pueblo valenciano, pero le está haciendo mucho daño”.
Según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, del importe total del coste de las presuntas irregularidades durante los años 2003 a 2015, con gobiernos del PP, alrededor de 12 millones corresponderían a facturas que supuestamente superan los importes fijados en los expedientes de contratación, mientras que el resto, hasta 25 millones, se referiría a facturas sin cobertura contractual.