La enésima propuesta de rebaja de impuestos de los presidentes autonómicos del PP -y de los candidatos a serlo el próximo 2023- ha vuelto a desatar una batalla verbal por el modelo fiscal español. El Gobierno de Andalucía que dirige Juan Manuel Moreno Bonilla ha aprobado este martes suprimir el impuesto de Patrimonio, que pagan menos de 20.000 contribuyentes en un territorio de ocho millones de habitantes, como un anzuelo para atraer a grandes fortunas a la comunidad autónoma. La medida sigue la línea de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tiene bonificada al 100% la cuota de este tributo y que genera el denominado “dumping fiscal”, una forma de competencia desleal entre comunidades autónomas.
La bajada de impuestos -a las rentas más elevadas- es una propuesta habitual en la derecha parlamentaria, que en el marco autonómico a menudo tiene como respuesta una pulsión recentralizadora. Este martes, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivà, ha vuelto a insistir en una armonización fiscal para evitar la competencia desleal, una cuestión que rechazan sus socios de Gobierno, argumentando que resta autonomía a las comunidades autónomas. En una entrevista en Onda Cero, el ministro y expresidente de la Airef, ha considerado un “despropósito” que “las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras”.
A caballo entre la plena autonomía fiscal y la homogeneización de algunos tributos se encuentra el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, cuyo gobierno autonómico prepara una reforma fiscal que ajuste los tipos impositivos a la inflación para evitar una sobrecarga en las rentas más bajas. El presidente cree que suprimir tributos es un “desarme” de las arcas públicas en un momento de necesidad y lo considera una cuestión insolidaria. “Un desarme fiscal no es la vía correcta en un momento de crisis como este”, ha apuntado en una entrevista en Televisión Española.
El lider socialista valenciano considera que “hace falta una reforma fiscal en España” en la que “todo es revisable” salvo la “progresividad”. A su juicio, la reforma debe responder al principio constitucional de la progresividad fiscal: que pague más quien más tiene, una cuestión que, apunta, no termina de cumplirse con el impuesto de Patrimonio, que cada comunidad puede regular y bonificar. “De lo que se trata cuando hablamos de una bajada de impuestos es, primero, de hacerlo con rigor y, después, saber a quién se le bajan los impuestos”, ha subrayado el presidente autonómico, que recalca: “En los impuestos no se puede ser neutral, se apoya a una parte de la sociedad o a otra”.
Respecto a la reforma en la que trabaja el Ejecutivo de coalición que preside, que se analiza en una comisión integrada por los tres partidos (PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida), aboga por “suturar” la herida provocada por la inflación y “ayudar a las clases populares a pasar el otoño y el invierno”.