Zaplana, el juicio final

Aquel 22 de mayo de 2018, una jueza, un fiscal y la UCO de la Guardia Civil obraron el milagro. A las 8.05 horas, a la altura del número 12 de la calle de Pascual y Genís, en València, Dios se hizo hombre. Eduardo Zaplana Hernández-Soro fue detenido tras dos años y medio de sigilosa investigación judicial. La foto de esa detención es la imagen icónica de la caída del régimen podrido de corrupción, cuyo arquitecto y promotor, con dinero público, como ha revelado la instrucción, fue el expresidente de la Generalitat Valenciana. Aquel 22 de mayo se escenificó en diferido la caída de Lehman Brothers en el capitalismo de amiguetes incubado bajo el paraguas de la burbuja inmobiliaria en un país sembrado de Programas de Actuación Integrada (PAI).

Un régimen político que el zaplanismo cimentó sobre el control del ecosistema mediático, la intervención de las cajas de ahorro, la patrimonialización del orgullo identitario con la política de grandes eventos (pozos para el cobro de mordidas) y la agitación de símbolos tan atávicos como el agua, la lengua (hasta fagocitar a Unió Valenciana) o la bandera. Un andamiaje cubierto por un enorme manto de omertà a base de comprar voluntades y silencios.

Antes que Zaplana, cayeron varios de los aparejadores y encargados de obra de ese régimen. Por ejemplo, Rafael Blasco o Serafín Castellano, que un día alcanzó la condición de delfín del presidente. Casi seis lustros duró la impunidad comprada con talonario público por el surfista del riesgo Zaplana. El mito del incombustible tardó en caer de la peana, pese a ser un referente en la política española como coleccionista de escándalos. Una ristra de casos y causas que empezó en 1990 con Naseiro. Ahí dejo grabado su programa político: dinero y poder. “Tengo que hacerme rico porque estoy arruinado. Necesito mucho dinero”, le confesaba a su interlocutor, el concejal de València Salvador Palop, en uno de los pasajes de aquellas conversaciones anuladas por el Tribunal Supremo el 19 de junio de 1992. Luego llegaron el marujazo (la compra de una tránsfuga socialista para ganar la alcaldía de Benidorm en 1991), el 'caso Sanz', la causa de Terra Mítica, el escándalo Ivex-Julio Iglesias, el 'caso Lezo'…

A Zaplana, el de la cocina de las mentiras del 11M, no le importa la verdad, solamente le preocupa la verdad judicial. Esa ha sido siempre su filosofía, sintetizada en el “no podrán ustedes demostrar” que proclamó en las Corts Valencianes en junio de 2001. Y si el desfalco se demuestra (como acredité con más de 200 informaciones con aporte documental en el caso Ivex-Julio Iglesias), entonces confía en que la suerte le regale una justicia ciega… sorda y vaga. Una fe en el poder judicial evidenciada en su conversación con su discípulo Ignacio González sobre la conveniencia de contar siempre con un juego de jueces de quita y pon.

Eduardo es un hombre afortunado. El jueves 1 de febrero se sentará en el banquillo de los acusados por las presuntas comisiones que cobró por dos contratos (la privatización de las ITV y el Plan Eólico), que no están en el hit parade de los más suculentos en sus siete años de mandato en el Consell. El fiscal Anticorrupción, la UCO y la jueza instructora lo consideran el principal beneficiario de haber cobrado 20,6 millones de euros en mordidas como cabecilla de una trama de la que formarían parte políticos, empresarios corruptores (Juan y Vicente Cotino Escrivá) y personas de su confianza (el expresidente José Luis Olivas; su jefe de gabinete, Juan Francisco García, el amigo 'Pachano', el contable Grau…). Dinero B catalizado supuestamente a través de la compraventa de acciones entre empresas creadas adrede en España y en Luxemburgo, en forma de pagos a consultoras y repatriado en efectivo o blanqueado con compras de inmuebles a nombre de cuatro sociedades controladas por los supuestos testaferros. Pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Son los cargos por los que Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el ex ministro. Olivas se enfrenta a una petición de seis años de prisión; para Juan Francisco García y los hermanos Vicente y Juan Cotino Escrivá se piden 14, y 8 para Joaquín Barceló 'Pachano' y Francisco Grau. Se juzga a 15 personas físicas y las cuatro sociedades inmobiliarias que conformaron la estructura de blanqueo.

Pese a sus reiteradas quejas alegando indefensión, Zaplana no ha querido declarar ante el fiscal, ni ante la jueza de instrucción ni una sola vez. Su versión la escucharemos, si se cumple lo previsto, el 8 de febrero en este macrojuicio en la sección cuarta de la Audiencia de Valencia. Por ahora, este broker de las cloacas aseguró en el programa Salvados que está “convencido de su inocencia”. Una opinión más propia de la pareja, del amigo del alma o del vecino del rellano que del directamente acusado. Es lo que tiene la obsesión con esa verdad judicial que se asienta o se destruye en función de las pruebas. Él, su abogado y su coro mediático (al que ahora pasa factura por sus inversiones del pasado) proclaman que no hay pruebas contra él. La Guardia Civil desgranaba en un informe las pruebas e indicios sobre la titularidad de Zaplana en los fondos y bienes fruto de las comisiones. “Abrumadoras evidencias”, en palabras de la UCO, del cobro de mordidas por parte de Zaplana y sus colaboradores.

Fondos escondidos y disimulados a través de un entramado de 23 empresas off shore radicadas en 14 países. Dado que tumbar las conclusiones de la investigación se antoja complicado (de ahí que haya evitado declarar), Zaplana y su abogado han apostado por una estrategia claramente procesalista centrada en anular la causa atacando la instrucción. Aunque en su acción política siempre fue un groupie de Maquiavelo, cuando Zaplana entra en el juzgado le importa el cómo y no el qué.

En el juicio la defensa intentará, como hasta ahora, que se anule la investigación a partir de invalidar la llamada hoja de ruta, los papeles que el ciudadano sirio Imad Al Naddaf Yalouk halló, según consta en el sumario, en el piso que fue de Zaplana y que en 2012 entregó a su amigo Marcos Benavent, el 'yonqui del dinero'. Esos papeles, seis hojas con esbozos y nombres del entramado societario para el amaño de esos contratos y las mordidas, fueron decomisadas en el registro practicado por orden del juez del 'caso Taula' en el despacho del primer abogado de Benavent. De una costilla de 'Taula' nació así el 'caso Erial'. La defensa del exministro ya intentó dos veces anular esos documentos en fase de instrucción. Aduce que el registro y las primeras pesquisas de la UCO son ilegales por producirse en el marco de otra causa judicial. La sección quinta de la Audiencia tumbó los recursos. La doctrina del Supremo juega en contra del acusado, como explico en el libro Los tentáculos del truhan.

La defensa de Zaplana, la judicial y la mediática, sacaron a pasear, además, la teoría de la conspiración como origen del caso. Para tejer ese relato el circo zaplanista cuenta con la colaboración de un clásico, el ex comisario Villarejo, y la del artista Marcos Benavent. Villarejo apuntó a un montaje contra Zaplana urdido por el CNI e impulsado por el PSOE. El PSOE de Rubalcaba, Blanco y Bono, “enemigos” acérrimos del exministro, como es sabido.

El 'yonqui del dinero' actuó durante siete años como fiscal oficioso contra la cúpula del PP provincial (Alfonso Rus y cía.) en el 'caso Taula'. En octubre de 2021 se cayó del caballo para vender una burra: la del arrepentimiento de haberse arrepentido. Pasó de fiscal en 'Taula' a defensa de Zaplana en 'Erial'. Hasta el punto de solicitar la nulidad de la causa. Dice que todas las grabaciones que alumbraron 'Taula' estaban manipuladas y que declaró bajo presión. ¡Siete años bajo presión! Y se sumó a la estrategia de la conspiración. De forma desinteresada, que es el modus operandi de todos los que colaboran con el ex ministro.

La prueba del ADN de Zaplana

Dice Zaplana que esos papeles nunca fueron suyos. Ha llegado a pedir una pericial para demostrar que en esas hojas no hay restos de su ADN. En efecto, los documentos, confeccionados hace más de 20 años, no contienen huellas ni restos biológicos de él. Ni de él, ni de nadie, según la pericial de criminalística. Pero se abona el circo, que es el mejor espectáculo para distraer de lo sustancial.

Dice Zaplana que no hay pruebas contra él. Hay un barco lleno de pruebas e indicios acumulados contra el ex presidente. Dice que el letrado Belhot mintió cuando declaró, en enero de 2019, que el dinero que él gestionaba era mayoritariamente del ex presidente. Zaplana asegura que esos fondos pertenecían al abogado uruguayo. El caso es que Belhot transfirió 6,7 millones de la cuenta en el banco suizo Julius Baer a la del juzgado. De haber sido suyos y no de Zaplana, ¿por qué devolvió esa morterada a la Hacienda pública? Si no gestionaba el dinero del ex presidente, ¿por qué Belhot hizo entregas en efectivo a la secretaria de Zaplana, Mitsouko Henríquez, por más de dos millones de euros durante siete años?

Belhot miente y no era su testaferro, insiste la defensa. ¿Cómo se explica entonces la conversación grabada entre Zaplana y el letrado uruguayo, en el hotel Wellington de Madrid, en abril de 2018, en la que abordaban el tamaño de los billetes para que el flujo de dinero líquido no levantara sospechas? ¿Por qué Zaplana se puso tan nervioso cuando salió el nombre de Belhot y una de las sociedades en el marco de la causa Lezo, según se constató en una de las grabaciones?

No hay pruebas, dice. ¿Por qué la primera gestora del patrimonio oculto en Luxemburgo, Beatriz García Paesa, implicó a varios acusados como beneficiarios del dinero de las empresas Imision y Fenix Investments que ella les montó por encargo? ¿Por qué los administradores eran el amigo de Zaplana desde la infancia, Pachano, y su jefe de gabinete, Juan Francisco García? Sostiene la defensa de Zaplana que el piso madrileño de la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca, no era suyo. Entonces, ¿por qué estaba a nombre de una sociedad, Costera del Glorio, administrada por Pachano y, luego, por firmas de Belhot? ¿Por qué la mudanza la organizó su secretaria, la citada Mitsouko? ¿Por qué Zaplana tenia las llaves? ¿Por qué su colaborador Gregorio Fideo fue quien buscó a la empleada de hogar? ¿Por qué todo el círculo de confianza del ex jefe del Consell coincide en los órganos de gobierno de las empresas off shore? 

Cuando las conclusiones de seis años de investigación de la jueza Isabel Rodríguez, el fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, y la UCO acorralan a Zaplana, a este le queda embarrar el terreno. La defensa de Zaplana seguirá atacando a la instructora, al fiscal y a la Guardia Civil para que se desvíe el foco hacia los investigadores en vez de colocar la lupa en el investigado. Es marca de la casa. Recuerden que el caso Naseiro quisieron convertirlo en el caso Manglano (el juez instructor al que le pasaron luego factura). Un mérito, el de aquella manipulación, que José María Aznar atribuye en su libro de memorias a Álvarez Cascos.

De momento, la jueza, el fiscal y la UCO han conseguido recuperar los 6,7 millones que custodiaba Belhot y han decomisado efectivo y depósitos por valor de 5,4. En pocas causas se ha sido tan eficiente a la hora de resarcir al erario público con tanta rapidez y con una cantidad tan suculenta. Recuperar el dinero fue una prioridad para el fiscal. 

Juicios por corrupción se han celebrado muchos y quedan por dirimir unos cuantos. Y algunos muy mediáticos. Pero este es, sin duda, el juicio final. El proceso a Zaplana, encarnación de la corruptela como motor de la vida pública. Queda por ver si este empresario de la política es judicialmente condenado o suma otra indulgencia a su curriculum. 

Si sale de nuevo indemne se habrá doctorado en escapismo, se consagrará como un auténtico Houdini de la política del subsuelo. Si lo condenan, la sentencia se convertirá en el epitafio de una época, de una forma de entender la política y hasta la vida.