La familia más cercana de Rita Barberá, investigada al completo como eje principal de la presunta corrupción masiva del 'caso Azud', tenía línea directa con la cúpula de la derecha judicial valenciana, los servicios secretos españoles, y el mundo político y empresarial de primer nivel. El clan político-empresarial, en el que el abogado José María Corbín jugaba un papel clave, ostentó un poder descomunal en la ciudad durante la larga hegemonía de la fallecida alcaldesa al frente del Ayuntamiento de Valencia, entre 1991 y 2015. Y, por ende, línea directa telefónica con personalidades de primerísima línea de la política y de la economía valenciana y española.
Los buenos contactos son poder. La hermana de Barberá y su cuñado con toda probabilidad heredaron el completo listín de la exalcaldesa, fallecida el 23 de noviembre del 2016, dos días después de declarar ante el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la financiación ilegal del PP investigada en el 'caso Taula'. Su hermana Totón fue su jefa de gabinete en el Ayuntamiento de Valencia y manejó durante los 24 años que gobernó la ciudad los contactos institucionales y políticos del consistorio.
La larga lista de contactos figura en el sumario del 'caso Azud' al que ha tenido acceso elDiario.es. Si la agenda de contactos del iPhone del abogado José María Corbín ya era notable, esta probablemente procedente de Barberá constituye uno de los mejores dietarios de contactos de España. La agenda fue incautada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante el registro del domicilio. Los agentes reseñaron en el acta de entrada y registro un “listín telefónico con anotaciones manuscritas” hallado en el comedor de la vivienda. El listín quedó precintado en manos del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado de la investigación secreta del 'caso Azud'.
Los servicios secretos
En la relación de teléfonos figura un apartado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el que aparecen dos números fijos con prefijo de Valencia y dos móviles. El primero de los móviles, según ha podido contrastar este diario, corresponde al que fuera delegado territorial de los servicios secretos españoles en Valencia durante los últimos años de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de Valencia, ya retirado del servicio activo. El segundo corresponde a su secretario.
Se trata de representantes institucionales del CNI dedicados a una discreta interlocución con las instituciones y cuerpos de seguridad, cuyas identidades omite este periódico. La delegación territorial se sitúa por encima de las jefaturas provinciales y de las unidades secretas desplegadas sobre el terreno, según fuentes conocedoras de la estructura de los servicios de información.
En la agenda del iPhone de José María Corbin, intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante el registro de su vivienda, también figuraba el número de teléfono móvil del que fuera durante siete años general jefe del instituto armado en la VI zona, Cristóbal Santandreu Ferrer.
La derecha judicial
En las agendas aparecen los contactos directos de la cúpula judicial valenciana y, singularmente, algunos jueces que han jugado un papel muy relevante en las numerosas causas de corrupción que han afectado al PP valenciano. Todos han ostentado cargos en los órganos valencianos de justicia durante la época del PP a través de los cuales mantenían una relación institucional con la fallecida alcaldesa.
Así, la agenda de contactos de la familia Barberá incluye el teléfono móvil del actual presidente de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, Pedro Castellano Rausell. El magistrado, expresidente de la Audiencia de Valencia entre 2010 y 2013 y también de la sección valenciana de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue el ponente del polémico auto que libró a los concejales del equipo de gobierno de Rita Barberá de sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de blanqueo de capitales investigado en el marco de la pieza separada A del 'caso Taula' relativa al 'pitufeo' de la campaña electoral del 2015.
La resolución, una de las más controvertidas de los últimos tiempos, distinguía entre “dinero negro” y “dinero sucio” y avalaba que los ediles y asesores del PP de Valencia recibieran dos billetes de 500 euros sin conocer su origen delictivo. La misma sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, presidida por Pedro Castellano, también dictó el auto que tumbó el procesamiento del PP en la pieza A del 'caso Taula' argumentando que se desconoce el origen de los fondos en B que movió el equipo de Rita Barberá para la campaña electoral.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto, que contaba con un contundente voto particular de la magistrada progresista Clara Bayarri. La jueza discrepante argumentaba que los ediles y asesores populares conocían el “probable origen delictivo” de los dos billetes de 500 euros que recibieron de los fondos en B del PP municipal tras hacer un ingreso por la misma cantidad al partido justo antes de la campaña que acabaría con los 24 años de hegemonía popular en el Ayuntamiento de Valencia (la histórica “hostia” electoral, según la definición de la fallecida alcaldesa).
La sección cuarta rechazó el recurso del fiscal y abocó al Ministerio Público a plantear un queja ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal desestimó recientemente el recurso de Anticorrupción, dando el carpetazo definitivo a una causa en la que se sentaba casi medio centenar de personas, entre concejales y asesores, del equipo de Rita Barberá.
La pieza más importante del 'caso Taula' quedó muy deslucida, tras una larga instrucción de seis años, pero algunos investigados no se libraron de ir al banquillo por las campañas electorales del 2007 y del 2011, en las que el PP manejó millones de euros en entregas opacas de contratistas municipales. Así, el ex vicealcalde Alfonso Grau, que según la investigación del 'caso Azud' recibió dos millones de euros en negro de la trama, se sentará en el banquillo de los acusados junto con María del Carmen García Fuster, secretaria del grupo popular defendida por el abogado José María Corbin.
El número de teléfono móvil del magistrado Pedro Castellano aparece vinculado en la agenda al contacto de Carmen Llombart, presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia entre 2010 y 2015, precisamente los últimos años de hegemonía popular en el Ayuntamiento de Valencia y en el Ejecutivo autonómico. Llombart, actualmente magistrada en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), también forma parte de la conservadora APM y es uno de los pesos pesados de la derecha judicial valenciana. En la agenda en poder de la familia Corbín-Barberá figura su antiguo teléfono fijo de la Audiencia Provincial de Valencia.
Llombart aterrizó en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, gracias a la recomendación de Fernando de Rosa, otro peso pesado de la derecha judicial española. Exconseller de Justicia del Gobierno autonómico de Francisco Camps y ex vicepresidente del CGPJ, está considerado como uno de los más activos y laboriosos cuadros de la derecha judicial valenciana. El móvil de su hermano, el directivo de la multinacional propietaria de Ribera Salud Alberto de Rosa, también figura entre los contactos en poder de la familia de Rita Barberá. Fernando De Rosa fue nombrado hace siete años presidente de la Audiencia Provincial de Valencia por el CGPJ actual.
La privilegiada agenda incluye el contacto del expresidente del TSJ-CV Juan Luis de la Rua, de cuya amistad el expresidente Francisco Camps (absuelto por un jurado popular en el 'caso de los trajes' de la trama Gürtel) alardeó públicamente. De la Rua, que tomó decisiones clave sobre el 'caso Gürtel' y que hoy en día está jubilado, matizó que la relación con Camps era puramente institucional.
Además, entre los contactos en el ámbito telefónico judicial de la familia de Rita Barberá también aparecen los teléfonos fijos del expresidente del CGPJ Francisco José Hernando Santiago (fallecido en 2013), del exvocal José Merino, y de Vicente Garrido, expresidente del Consell Jurídic Consultiu (así como el número de la secretaria de Francisco Camps en el organismo).
El área de influencia política de Barberá en el PP
La agenda intervenida a la familia por la UCO incluye los números de teléfono móvil de relevantes personalidades de la vida política española, como el expresidente del Gobierno José María Aznar o el exlíder del PP Pablo Casado. También de ministros populares de los gobiernos de Aznar y de Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal, Luis de Guindos, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, José Manuel García Margallo, Ana Mato, Jaime Mayor Oreja, Ana Pastor y Rodrigo Rato. El contacto de Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía y actual portavoz del grupo popular en el Senado, también figura en la agenda intervenida por la Guardia Civil.
De igual modo, figura el móvil de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, y un teléfono fijo a nombre de Ana Botella. Así como el contacto del actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En el listín telefónico aparecen el diplomático Alberto Aza, jefe de la Casa del Rey entre 2002 y 2011, y Jaime de Marichalar, exyerno del rey emérito. Además de contactos de las embajadas de Estados Unidos, Suiza, Francia, Bélgica, Siria, Letonia y Rumanía y de consulados. Los arzobispos Carlos Osoro y Antonio Cañizares son otros de los contactos con los que la familia Corbín-Barberá tenía línea directa.
En el terreno más local, las agendas incluyen a políticos muy cercanos a Rita Barberá como Francisco Camps (también el contacto de la farmacia de su mujer, Isabel Bas); el fallecido Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes; Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV; Alfonso Rus, Carlos Fabra y Javier Moliner, expresidentes de las diputaciones de Valencia y de Castellón; el matrimonio formado por el exconseller Rafael Blasco y la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno Consuelo Císcar (ambos condenados por corrupción); o de Pedro Hernández Mateo, el exalcalde de Torrevieja condenado por corrupción. Más alejado de la esfera de influencia de Barberá, aparece Alberto Fabra, el último presidente del PP en la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Francisco Camps por el 'caso Gürtel'.
El listín telefónico también incluye al equipo de gobierno de la alcaldesa, entre los que destacan los móviles de Alfonso Grau, su entonces mano derecha, y Jorge Bellver, exedil de Urbanismo y actual diputado autonómico. Ambos están imputados en el 'caso Azud' (el primero por cobrar dos millones de euros en mordidas y el segundo por los regalos que recibió de la trama). La familia Barberá también tenía el número de Esperanza Orero, alta funcionaria del Ayuntamiento de Valencia imputada en la causa.
La agenda llegaba hasta la oposición socialista. Así, el listín incluye los teléfonos de Joan Ignasi Pla, ex secretario general del PSPV-PSOE; Rafael Rubio, exedil socialista imputado en el 'caso Azud' por recibir una presunta comisión de 300.000 euros de la trama; Joan Calabuig, excandidato a la alcaldía, y Ricard Pérez Casado, exalcalde de Valencia. También figura el número de Toni Cantó, exportavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianes hasta su abrupta salida del partido naranja.
Empresarios imputados en el 'caso Azud'
En la agenda, una de las más completas del poder político y económico en España, aparecen reseñados los contactos de empresarios imputados en el 'caso Azud, como el presunto corruptor Jaime Febrer o Felipe Almenar y Fernando Huet, del grupo Cyes. Del mismo grupo empresarial, figura el contacto de Arturo Miguel (presidente del Club Náutico de Xàbia). También incluye una referencia al Grupo Eroski, empresa con la cual la presunta trama intentó llevar a cabo una operación urbanística en Burjassot. Otros empresarios como Juan José Fernández González o Jesús Alcaraz Viela, de Acciona Infraestructuras, también están incluidos en el listín (Luis Castilla, CEO del mismo grupo empresarial, cuyo contacto no aparece, está imputado en la causa).
La familia Corbín-Barberá disponía de contacto directo con César Alierta, expresidente de Telefónica, y de la aristócrata Esther Alcocer Koplowitz. Entre los teléfonos de los más destacados empresarios valencianos, figuran el naviero Vicente Boluda; el expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar; Jorge Martínez Aspar, de la empresa Valmor que pilotó el circuito de Fórmula 1 en la ciudad; el constructor Andrés Ballester; Carlos Bertomeu, de Air Nostrum, o el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig.
La agenda reserva un apartado con numerosos contactos en medios de comunicación de derechas, como Abc o El Mundo, entre otros, y de periodistas como Pilar Cernuda, Marius Carol, Luis María Ansón, Carlos Herrera, Julio Ariza, Jesús Cacho o Isabel Durán.
Una auténtica mina de contactos con el poder político, empresarial y judicial que la familia más cercana de Rita Barberá, investigada al completo en el marco del 'caso Azud', guardaba a modo de herencia en el comedor de su vivienda hasta que cinco agentes de la UCO desembarcaron para registrar el hogar de José María Corbín un martes 2 de abril de 2019 a las 8.37 de la mañana.