¿Entregarán ustedes el acta de concejales si un juez confirma que financiaron campañas electorales con dinero negro? ¿Devolverán el dinero? Son algunas de las preguntas que los concejales del PP de Castelló escucharon el viernes de labios de los portavoces del resto de partidos durante el Pleno extraordinario sobre corrupción que se celebró en el Ayuntamiento.
Verónica Ruiz, portavoz del equipo de Gobierno, recordó al PP su lista de casos judiciales. Ignasi Garcia, de Compromís, y Xavier del Señor, de Castelló en Moviment, recordaron que en el reciente juicio sobre el caso Gürtel varios empresarios de Castelló, como los representantes de Facsa, Lubasa y Piaf, reconocieron haber financiado ilegalmente las campañas electorales del PP, incluido un acto del exalcalde y expresidente autonómico Alberto Fabra en Castelló.
Además, los portavoces hicieron alusión a las declaraciones del expresidente de la patronal castellonense de la construcción, Vicente Monzonís, que explicó públicamente el pasado mes de enero que las mordidas que el PP hacía en los contratos públicos llegaban en algunos casos al 30 %.
El mutismo de la líder
El PP adoptó una doble estrategia respecto a estas acusaciones. En primer lugar, estuvo basada en el silencio de su cara más visible, la portavoz y líder del partido en la ciudad, Begoña Carrasco, que no tomó la palabra en ningún momento de la sesión y apenas levantó la vista de sus papeles, donde tomó apuntes continuamente.
En segundo lugar, el partido conservador apostó por la búsqueda pormenorizada de cualquier indicio en los rivales políticos que pudiera servir para extender las sospechas de la corrupción por todo el salón de Plenos. El papel de buscador de posibles corruptelas correspondió a Juan José Pérez Macián, el portavoz adjunto, que afrontó su tarea con evidentes muestras de nerviosismo.
Los ERE, Cuba y Venezuela
Se refirió al caso de los ERE en Andalucía, a la antigua CiU en Catalunya, al caso de un asesor de Ciudadanos que hace años dimitió por sospechas de corrupción e incluso a Cuba y Venezuela. Centrándose en Castelló, anunció que su partido ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía contra Castelló en Moviment y Compromís, aunque no aportó ninguna prueba que las sostuviera.
En concreto, acusó a Xavier del Señor -portavoz de Castelló en Moviment- de “un presunto delito de corrupción urbanística” por haber comprado una casa en 2016 mientras participaba en la tramitación del nuevo Plan General, aunque el mismo Macián reconoció desde la tribuna que el terreno no ha sufrido ninguna recalificación.
La “simulación” desde la tribuna
En cuanto a Compromís, afirmó que en el año 2014 este partido pretendió enviar propaganda electoral a través del Ayuntamiento, aunque, como él propio Macián declaró a la prensa en aquel año, él ni siquiera pudo llegar a abrir los sobres para comprobar qué había dentro.
En el Pleno de este viernes, Macián abrió desde la tribuna lo que presentó como un sobre con propaganda de Compromís porque “los castellonenses merecen saber”. Horas después, fuentes del partido reconocieron que fue una “simulación”. Preguntados sobre dónde están ahora los sobres denunciados y quién los ha custodiado en los últimos cuatro años, no dieron ningún detalle sobre la ubicación. Sí contestaron que “todos los detalles los tiene la autoridad judicial”.
El concejal también terminó su intervención con la afirmación de que en Castelló ciudad no ha habido “ni un solo caso” judicial y habló de la comisión de investigación sobre corrupción que se celebró en 2010, cuyas “conclusiones no advirtieron irregularidades”.
El “catedrático” de la corrupción
El Pleno acabó con la aprobación por parte de todos los grupos de la propuesta de creación de un órgano de fiscalización del cumplimiento de los contratos públicos, a semejanza de la Oficina Antifraude de Madrid. No obstante, el portavoz del PSOE, Rafael Simó, mostró sus dudas sobre la viabilidad de la propuesta.
El comienzo de la sesión había arrancado con una dedicatoria. El portavoz de Castelló en Moviment, Xavier del Señor, hizo una irónica mención especial para Carlos Fabra, condenado por delito fiscal, y lo llamó “catedrático de la corrupción”. Entre los altos cargos públicos y orgánicos de Fabra, estuvo el de concejal del Ayuntamiento de Castelló por el PP durante 24 años.