Durante los últimos días, la derecha parlamentaria y la patronal del juego han incrementado las presiones para evitar la aprobación de la ley que pretende luchar contra la ludopatía en las Corts Valencianas. El parlamento autonómico tiene previsto aprobar la llamada Ley del Juego en la próxima sesión plenaria del lunes, después de que se paralizara con la declaración del estado de alarma y que decayera en la anterior legislatura con el adelanto electoral. A la tercera, dicen, va la vencida.
Hace apenas tres meses, el 26 de febrero, se presentaba la plataforma SOS Hostelería, que asegura representar a autónomos del sector en contra de la ley del Juego. A la cabeza y como portavoz está el empresario Fidel Molina, dueño de la cadena hotelera Myr y dueño de Grupo Comatel, una potente empresa de distribución de máquinas tragaperras.
Durante las últimas semanas la plataforma ha difundido comunicados en los que solicita la retirada de la norma, alegando consecuencias para el empleo en el sector hostelero, profundamente dañado por la crisis. PP, Ciudadanos y Vox han manifestado su oposición y alegan los mismos argumentos de la patronal: que supone un peligro para el empleo. Ciudadanos solicitaba esta semana su retirada y la líder popular, Isabel Bonig, la calificaba de “suicidio” para un sector en crisis.
La asociación SOS Hostelería se ampara en su último comunicado en la situación del sector, que ha podido reabrir sus locales esta semana y prevé un verano negro. La parte que afecta a máquinas recreativas “comportará la retirada de todas las máquinas de bares y restaurantes y su sustitución por otras que dispongan de este dispositivo. El proceso de construcción de una nueva máquina y su homologación puede durar meses, un tiempo en el que las máquinas no estarán funcionando, con el perjuicio económico que esto significará para muchos bares cuyos ingresos por estas máquinas contribuyen al mantenimiento del local. Además del tiempo en el que nuestros establecimientos estarán sin las máquinas, deberemos hacer frente a la compra de las nuevas máquinas, lo cual hace inviables nuestros negocios en las actuales circunstancias”, señala el comunicado.
La afirmación del empresario es una verdad a medias. La ley obligará a que se realicen controles de edad, pero serán responsabilidad del dueño del bar o establecimiento y no necesariamente mediante DNI electrónico como se planteó en un primer momento, según explican los diputados. Y la sustitución no será de inmediato, sino que deja un plazo de hasta un año para que los establecimientos sustituyan las máquinas de tipo B (popularmente, tragaperras). Las máquinas tendrán que permanecer sin reclamos de luz y sonido mientas no se estén utilizando.
En la comisión parlamentaria se aprobó una enmienda a la disposición adicional, que marca los plazos para la entrada en vigor de las modificaciones. La referida a los bares, dice lo siguiente: “En el plazo de doce meses, desde la entrada en vigor de esta ley, las máquinas de juego tipo B y las máquinas auxiliares de apuestas situadas en establecimientos de hostelería y similares, así como aquellas máquinas de apuestas que estén situadas en recintos deportivos, tienen que contar con el sistema de activación-desactivación”.
Los diputados de las tres formaciones del Pacte del Botànic han puesto énfasis en la defensa de esta ley, cuyo objetivo es luchar contra la ludopatía, y han defendido las moratorias. La norma establece que no se podrá aumentar el número de máquinas, pero desde Unides Podem recuerdan que la mayoría de licencias tienen vigencia hasta dentro de 7, 8 y 9 años, y que la norma no tiene carácter retroactivo. Así, hasta la próxima década, no se produciría en la práctica la desaparición paulatina de las máquinas.
“Los establecimientos de juego que tienen autorización en vigor funcionarán hasta que se acabe el plazo. Cuando quieran renovar la autorización, tendrán que cumplir con lo que dice la legislación vigente”, recuerdan los grupos del Botànic. El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha destacado que el juego “no se puede convertir en un elemento estructural” y ha recordado que la ley no supondrá “ningún cierre, sino no permitir que haya más cuando se acaben las concesiones”. “El juego es un peligro”, ha asegurado Mata, que ha criticado que “la derecha caiga fácilmente en las presiones de los lobbies” y ha concluido que “la sociedad valenciana necesita la Ley del Juego”.
Tampoco podrá haber máquinas de este tipo en los establecimientos de interior de centros educativos, sociales o sanitarios. “El interés superior es la protección del menor. Entendemos que la salud de las personas está por delante”, sentencia la diputada de Compromís Graciela Ferrer.