Evitó su imputación en el caso Nóos, junto a su amigo Francisco Camps, porque el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana se negó a hacerse cargo de la parte que la afectaba a ella y al expresidente de la Generalitat Valenciana cuando el juez José Castro remitió una investigación en la que halló indicios de delito. No ha podido evitarlo en el caso Taula, un asunto que se deriva de las grabaciones y confesiones del que fuera hombre de confianza de Alfonso Rus en la Diputación provincial, Marcos Benavent, en lo que se conoció inicialmente como caso Imelsa.
Rita Barberá reiteró en sus escasas y mutitudinarias comparecencias ante los periodistas desde que la operación Taula, ejecutada el pasado mes de enero, causó la imputación de todo su equipo de concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, que durante su mandato como alcaldesa (de 24 años) “no se amañó ningún contrato, ni hubo mordidas ni desviación para financiar nada”.
Sin embargo, la inicial investigación de un mecanismo de blanqueo en el grupo municipal del PP ha relacionado, poco a poco, esa forma de actuar con la existencia de una caja B del partido y con el cobro de mordidas en diversos contratos municipales hasta el punto de que el juez Víctor Gómez, que instruye el caso, ha llegado a poner cifra a esas mordidas al señalar que se habría producido un perjuicio económico de 10 a 20 millones de euros.
Mientras todo eso ocurría, Barberá ha optado por permanecer atrincherada en su cargo de senadora por designación autonómica. Éstas son las claves del caso que la ha llevado a verse plenamente investigada en un caso de corrupción política.
Qué se investiga. Las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control. Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la investigación se centra en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo sospecha por sobrecostes millonarios) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003. En el transcurso de las pesquisas, se han detectado indicios de blanqueo de capitales y financiación ilegal en el PP de Valencia ciudad. El grueso de las pesquisas parte de la premisa de que se habrían podido cometer varios delitos contra la administración: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad.
Quiénes están implicados. Dirigentes del PP (Alfonso Rus, expresidente de la Diputación, Máximo Caturla y Juan José Medina, exvicepresidentes, María José Alcón, exconcejal en Valencia, o Carmen García-Fuster, mujer de confianza de la exalcaldesa Barberá) y 12 empresarios implicados de una manera -pago de mordidas- u otra -implicados en el blanqueo de las comisiones ilegales- en el asunto. En total, hay 80 imputados en la causa, incluyendo cargos públicos como el número dos de Rita Barberá, Alfonso Grau.
Cuándo se cometieron los delitos. La Guardia Civil y la Fiscalía investigan posibles delitos cometidos desde 2003 y hasta la primavera de 2015, cuando, siempre supuestamente, el PP de Valencia pudo blanquear dinero para financiar su campaña electoral. Esquerra Unida interpuso ante la Fiscalía en julio de 2014 la denuncia que dio origen a la investigación. Tras ocho meses de trabajo, el ministerio público denunció el asunto en un juzgado en marzo de 2015. El inicio de las pesquisas y la publicación de varias conversaciones escandalosas forzaron entonces el fin de la carrera política de Rus, un barón del PP valenciano hasta entonces. La macrorredada del 26 de enero de 2016 reventó definitivamente al PP valenciano.
Todos los concejales del PP, excepto uno, imputados. Lo están por un presunto delito de blanqueo de capitales. En el transcurso de la investigación, se detectó un burdo sistema de blanqueo de dinero procedente de comisiones ilegales. Concejales, asesores y personal administrativo del grupo popular en el ayuntamiento transferían 1.000 euros por vía bancaria que luego recuperaban en dinero negro. Algún asesor ha reconocido el ardid. La mayoría de los implicados lo ha negado. La imputación de 49 de sus miembros ha implosionado al partido, ahora dirigido por una gestora.
Cómo se atrincheró Barberá. La exalcaldesa, al igual que otro exedil, Miquel Domínguez, ahora diputado autonómico, goza de una protección especial: el aforamiento. Esta figura impide que los juzgados ordinarios investiguen o procesen a cientos de cargos públicos (miembros del gobierno, diputados nacionales y autonómicos, jueces) sin los permisos correspondientes, el llamado suplicatorio. El juez los solicitó al Tribunal Supremo, que ahora ha decidido abrir investigación sobre el caso también a Barberá.