La secretaria general del Partido Popular, Eva Ortiz, ha presentado este lunes toda una serie de medidas políticas para indagar y presionar al Gobierno valenciano para que aclare por qué el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no se abstuvo en la aprobación del decreto que permite al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) hacer quitas y que, de momento, solo se ha aplicado en la reestructuración de deuda del Grupo Zeta para que pudiera comprarlo Editorial Prensa Ibérica. Esta operación, según la popular, “ha beneficiado directamente al presidente Puig -en el periódico Mediterráneo- porque sus acciones han pasado de estar en el debe a estar en el haber”.
Ortiz ha asegurado que con su votación en el pleno a favor del decreto que afectaba a sus intereses personales, Ximo Puig ha incumplido el artículo 6 de la Ley de Incompatibilidades, que remite a la ley general de Incompatibilidades, y el decreto de Buen Gobierno que firmó el propio presidente. “Puig no es un diputado cualquiera, no es un señor cualquiera, es un presidente que ha aprobado una norma que además condiciona un acuerdo por escrito”, ha apuntado Ortiz en referencia a la disposición adicional única que permitía hacer quitas de manera retroactiva.
La secretaria general del PP ha explicado que han facilitado la documentación a sus servicios jurídicos para ver si podría haber alguna situación de vulneración penal. “Entendemos que con la llamada a Manuel Illueca en pleno proceso de negociación de la deuda de Zeta, podría haber una posible situación o no de tráfico de influencias”, ha afirmado.
El PP también ha presentado una una proposición no de ley en las Corts para instar al Gobierno valenciano a que abra un expediente sancionador al presidente de la Generalitat por no haberse abstenido. Además, han pedido que el presidente acuda a dar explicaciones a la Diputación Permanente y que el director general del IVF acuda a les Corts a explicar la quita.
La popular ha revelado que el PSPV incluyó “a última hora” una enmienda en la Ley de Incompatibilidades aprobada en 2016 que aumentaba del 0,5 al 10 % el porcentaje de acciones que un alto cargo de la Generalitat puede tener en una empresa que recibe fondos públicos, lo que habría evitado problemas a Puig que dispone del 1,16 % del total de Mediterráneo.