El PP de Orihuela está al borde de la ruptura. La negativa de varios concejales imputados a votar contra la corrupción forzó al partido a abrir un expediente que desembocó en la suspensión de militancia de la presidenta del partido, Pepa Ferrando, por sus duras críticas a la dirección del PP de Alicante.
La situación es, ahora, surrealista: hay dos presidentes interinos. Uno, apoyado por la dirección provincial y autonómica del PP, Dámaso Aparicio. El otro, José Francisco Pérez, ha sido elegido por el comité local. Tiene el apoyo de Ferrando, los otros cinco concejales que no votaron contra la corrupción o la exalcaldesa Mónica Lorente, procesada por el caso Brugal.
El asunto de fondo es que la voluntad del PP valenciano de aparecer como un partido comprometido contra la corrupción choca contra gran parte de sus cargos en Orihuela, donde seis de sus once concejales están imputados. Cinco de ellos (Ferrando, David Costa, Araceli Vilella, Víctor Bernabeu, Encarna Ortuño y José Antonio Aniorte) no quisieron inmolarse votando a favor de la presentación de imputados en las listas electorales. El conflicto –hasta ahora soterrado- estalló cuando Ferrando denunció las “amenazas” de la cúpula del PP para apoyar esa moción.
El PP quiere cerrar el conflicto en una plaza de gran importancia (90.000 habitantes, sexta ciudad valenciana en población) el próximo lunes, cuando la número 2 del partido en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, acudirá a poner orden al comité local del PP de Orihuela, donde la corrupción no se castiga.