Tras el reavivamiento del enfrentamiento por la lengua y la puesta en escena de uno nuevo como la defensa de los 'bous al carrer', el PP recupera para elecciones un nuevo conflicto, el de la destrucción del barrio del Cabanyal.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado este sábado que el Ministerio de Cultura ha iniciado oficialmente el procedimiento de revisión de la orden ministerial que suspendía la ejecución del plan de reforma (PEPRI) del barrio del Cabanyal.
Durante el acto de proclamación de su candidatura a la reelección, Barberá ha explicado que el ministro de Cultura le ha hecho llegar un mensaje en el que indica que el Ayuntamiento ha hecho “todos los esfuerzos para presentar una propuesta sumamente respetuosa con la protección del Cabanyal”.
Esa propuesta, ha añadido, contribuye “a revitalizar ese entorno, a integrarlo en un tejido urbano tan dinámico como el de Valencia”, por lo que en consecuencia el Ministerio ha iniciado la revisión de la orden que suspendió la ejecución del PEPRI de ese barrio.
“Y termina el mensaje diciendo: confiamos en que el procedimiento se tramite con la mayor diligencia y podamos resolver una situación que ni beneficia al Cabanyal, ni a quienes viven en él, ni al conjunto de los valencianos, y que no puede mantenerse por más tiempo. Fin de la cita”, ha leído Barberá entre los aplausos de los asistentes.
En enero de 2010 y durante el gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE), el Ministerio de Cultura, a cuyo frente se encontraba entonces Ángeles González Sinde, ordenó la paralización “inmediata” del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal (PEPRI), a través de una orden que calificaba esta actuación del Ayuntamiento de Valencia de “expolio del patrimonio histórico” de este barrio.
La decisión se produjo en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 25 de mayo de 2009, que ordenaba al Ministerio a pronunciarse sobre el expolio una vez recibidos los informes técnicos preceptivos.
La Orden Ministerial declaraba “la obligación de suspender inmediatamente la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior” y requería a la Generalitat para que suspendiera “todas las actuaciones administrativas relacionadas con el Plan”.
Según explicó entonces el Ministerio, la orden estaba avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y otra del Supremo, que ratificaban la competencia del Estado en la protección del Patrimonio Histórico contra el expolio.