- Maria Àngels Ramon-Llin, representante del Ayuntamiento de Valencia en la depuradora, asegura en el juicio por el expolio de 24 millones de euros que siempre creyó que pudo haber “mala gestión” pero no “actuaciones ilícitas”
Maria Àngels Ramon-Llin, uno de los representantes del PP con más poder en Emarsa, la depuradora pública saqueada por altos cargos de ese partido, ha asegurado en el juicio por el desfalco que el exgerente de la empresa parecía “creíble y solvente”.
Esteban Cuesta, exalto cargo del PP y enfermero de profesión, fue puesto a dedo por el partido en la dirección de la depuradora. Ha confesado en público, en la instrucción judicial y en la vista del caso como se conchabó con otros responsables de la planta para robar dinero público que se dedicaba a prostitutas, videoconsolas o casas.
Ramón-Llin, sin embargo, no se enteró de nada. La concejal del ayuntamiento de Valencia era miembro del consejo de administración de Emarsa, dominado por el PP pero con presencia de otros partidos políticos. En su declaración como testigo ha explicado que el órgano rector de la compañía se limitaba a dar el visto bueno a las cuentas y a la actividad ordinaria de la compañía con escrupuloso respeto a la legalidad y sus funciones.
Emarsa incurría en pérdidas constantes y necesitó de varias ampliaciones de capital para seguir operando, pero ni Ramon-Llin ni el resto de consejeros -que se reunían mensualmente a razón de 500 euros por convocatoria- detectaron el latrocinio. Según su declaración, las cuentas venían validadas por las auditorías y los informes económicos correspondientes.
Además, ha dicho, la Epsar -la empresa de la Generalitat que financia las depuradoras públicas- continuaba aportando capital a Emarsa. “Era su obligación” controlar el buen uso del dinero público. El expolio de Emarsa se produjo entre 2004 y 2009. La fiscalía cree que se desviaron 24 millones de euros de los contribuyentes.
Ramon-Llin y todo el entramado público alrededor de Emarsa tardó un lustro en detectar el desfalco. La concejal de Rita Barberá -imputada en el caso Taula por un supuesto delito de blanqueo- solo empezó a sospechar en 2009. Entonces, el PSOE estaba investigando y denunciando el saqueo. Y una auditoría señaló que la empresa estaba herida de muerte, en causa de disolución.
Hasta entonces, Ramon-Llin creía que podia haber “una mala gestión de Emarsa”, pero no se había planteado la existencia de “actuaciones ilícitas”. Dada la inviabilidad de la empresa -“siempre en pérdidas, siempre pidiendo dinero, y nada de lo que se hacía resolvía el problema”- elevó el problema a Barberá y a Juan Cotino, vicepresidente de la Generalitat en 2010.
Poco después, el PP impulsó la disolución y posterior liquidación de la entidad. Según Ramón-Llin, la decisión la tomó Enrique Crespo, presidente de Emarsa y vicepresidente de la Diputación de Valencia, acusado en el caso y también del PP.
Según declaró antes Crespo en el juicio, fue al revés. Emarsa quería acometer una ampliación de capital pero desde el ayuntamiento de Valencia y la Generalitat se impulsó la liquidación. Las diferencias entre ambos no quedan ahí.
Ramon-Llin asegura que nada más estallar el escándalo pidió a Crespo que presentara una querella contra los responsables. Éste se resistía y, ante su insistencia, le espetó a la concejal: “Pareces socialista”.
Penas de hasta 14 años de prisión
La fiscalía pide 14 años de prisión para Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP; Juan José Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) e Ignacio Bernácer, exjefe de departamento de Epsar. Están acusados de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil.
Para Esteban Cuesta, exgerente de la compañía de 2004 a 2010, pide 12 años de cárcel. Los otros 21 acusados se enfrentan a penas de entre 2 y 8 años de prisión. La acusación pública sostiene que Crespo saqueó la depuradora hasta quedarse con casi 24 millones de euros.