Otra sombra más para la alcaldesa del PP de Denia, Ana Kringe. Tras verse salpicada en la Operación Púnica -por los contratos que otorgó al presunto conseguido de la trama, Alejandro de Pedro- otros hechos –en este caso de carácter urbanístico- vuelven a instalar la preocupación en el consistorio de la capital de La Marina Alta. Y todo, a escasos meses de las municipales.
Se trata de una denuncia que interpuso en su día la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (Acoors) ante la Fiscalía General del Estado. Tras la formalización de esta a principios de año, la denuncia ha recaído en el juzgado número 3 de Denia, por lo que el ministerio público ha dado vía libre para que se investiguen los hechos. Ahora, el juez titular Javier Reyes, será quien decida si abre o no diligencias previas.
La denuncia implica a todos los miembros que formaron parte del pentapartito surgido tras la moción de censura realizada en 2008 a cargo del PP, Gent de Dénia, Centre Unificat, PSD –ahora integrado en Ciudadanos- y el tránsfuga socialista Juan Collado para desbancar al bipartito formado por el PSPV-PSOE y el BLOC. De entre ellos, actualmente aún forman parte de la corporación municipal la actual alcaldesa Ana Kringe, los ediles populares Vicent Chelet, Pepe Civera y Sisco Signes, y la edil de Centre Unificat, Pepa Font. Los delitos por los que se les denuncia son contra la ordenación del territorio y el urbanismo, contra la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente, y por prevaricación.
Recalificación bajo sospecha
Concretamente los hechos denunciados por parte de Acoors y ahora por la fiscalía, atañen a uno de los hechos clave por el que se fraguó la moción de censura: la recalificación de los sectores racons 1 y 2 en Denia. El entonces gobierno bipartito, tras la anulación en los tribunales del PGOU de 1990, califico en su Plan General Transitorio (PGT) estos suelos de no urbanizables. Sin embargo, la Conselleria modificó después esa propuesta. ¿Por qué? Debido a la reclamación de la empresa propietaria de los terrenos. El suelo quedaba entonces considerado como de “urbanizable suspendido”.
Pero, el ayuntamiento no aceptó la decisión impuesta desde del Consell, por lo que acabó recurriendo. Sin embargo, el suelo se quedó como lo habían catalogado desde Valencia. ¿El motivo? Una moción de censura que derivó en otro gobierno –el famoso pentapartito- que dejó la calificación del suelo como la había decidido la Generalitat.
El escrito ahora presentado por la fiscalía investiga esta operación, debido a que estuvo llena de sombras. Entre ellas, según reza la denuncia, la casualidad de que el concejal Juan Sancho (PSD) fuera administrador único de la sociedad Costa Blanca Invest, propietaria de los terrenos en cuestión y donde estaba previsto construir 900 viviendas.
Asimismo, se denuncian otros hechos ligados con el urbanismo. Por un lado, la renuncia a pleitear por parte del gobierno a cinco bandas que gobernó la ciudad desde 2008 una modificación que realizó la Generalitat en el PGT presentado por el gobierno de coalición entre socialistas y nacionalistas. Por otro lado, un presunto delito de desprotección de un edificio: la de la Finca de la Baronesa.
Pero hay más. También se denuncia la presunta desprotección que hizo supuestamente el gobierno surgido de la moción de censura del Cordón Dunar de les Deveses. El último tramo de dunas virgen de les Marines había quedado exento de futuras urbanizaciones y se había tipificado como zona verde por parte del gobierno bipartito de Paqui Viciano.
Decisión, que a su vez, fue avalada por una sentencia que ratificaba la denegación del gobierno de coalición de dar una licencia para la construcción en esa zona de 31 apartamentos. No obstante, el pentapartito dio vía libre –a través de su propuesta de redacción del nuevo PGOU- para urbanizar una zona catalogada por su valor medioambiental y paisajístico. Hechos, todos, que pueden suponer una preocupación para un valor del PP como es Ana Kringe, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina.